Walter Benavides Antia

Hay necesidad de evaluar la correlación existente entre la gestión de la infraestructura hídrica, la calidad del agua suministrada y los indicadores de salud pública en las comunidades no interconectadas al sistema urbano central. La evolución durante los últimos cinco años permite identificar no solo fallas estructurales, sino también la efectividad de las políticas de inversión pública. La seguridad hídrica rural ha dejado de ser un asunto de ingeniería sanitaria para convertirse en un eje central de la gobernanza territorial, donde convergen competencias de la Secretaría de Salud, Desarrollo Rural y los entes de control fiscal.

2021: El Deterioro Post-Pandemia. Marca el inicio del declive en los indicadores de calidad que habían mostrado cierta estabilidad en 2020. Mientras 2020 cerró con un porcentaje alto de acueductos “Sin Riesgo”, en 2021 la vigilancia se debilitó, con un 7.8% de la muestra sin datos reportados. Este año se caracterizó por la reactivación económica post-COVID, pero los acueductos rurales, golpeados financieramente durante la pandemia (baja recaudación), no lograron recuperar su capacidad operativa plena, iniciando una tendencia de deterioro en la infraestructura.

2022: El Impacto de La Niña. Fue un año crítico debido a factores climáticos. La intensificación del fenómeno de La Niña trajo lluvias que saturaron las microcuencas. Los boletines epidemiológicos de este año mostraron un aumento en las infecciones respiratorias (IRA) y un comportamiento inestable de la EDA, correlacionado con la dificultad de tratar agua con alta turbiedad. El número de acueductos “Sin Riesgo” disminuyó notablemente, y sistemas que........

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