Jaime Cortés Díaz

La muerte violenta de Miguel Uribe Turbay fue calificada por la fiscal general, Luz Adriana Camacho, como un hecho de carácter político, dadas las calidades del joven precandidato presidencial y su condición de senador. La opinión pública empieza a referirse a este crimen como un magnicidio, a la espera de que se declare legalmente como tal, de modo que no prescriba en el tiempo y se logre identificar y sancionar a los autores intelectuales, tal como lo exigen las voces sensatas del país y del mundo.

Gracias a investigaciones y diligencias inmediatas, los responsables materiales ya fueron capturados, lo cual habla bien del rigor de las instituciones. El verdadero reto está en identificar a los determinadores del crimen, pues, como suele ocurrir en casos de esta magnitud, los autores intelectuales actúan bajo estrictas condiciones de tiempo, modo, lugar y con un reclutamiento compartimentado que dificulta la trazabilidad hacia ellos. Se especula, sin pruebas sólidas, sobre la participación de diversas estructuras violentas. Es evidente que, para llevar a cabo una empresa criminal de tal alcance, los promotores cuentan con respaldo de organizaciones con alto nivel de planificación, capacidad de ocultamiento, recursos financieros significativos y vínculos tanto con grupos armados como con delincuencia común.

La intención de causar daño se concreta, pero los verdaderos responsables permanecen ocultos. Como dice el refrán: “no es fácil llegar al perro cuando el nido ya está frío”, en alusión a que el determinador se encuentra lejos de ser identificado o capturado. A ello se suma la tendencia de muchos a opinar sin pertenecer al equipo investigador, o incluso filtrando información desde dentro, como sucedió con la Dirección de Inteligencia y la Unidad de Protección, retiradas de la investigación por orden de la fiscal Camacho, quien es la única autoridad competente en este proceso. Las especulaciones y deducciones infundadas de “extraopinadores” desvían la atención........

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