Opinión
sábado, 03 febrero 2024 | 06:00
A medida que nos acercamos a un año de transiciones significativas en la administración federal y de nuestro municipio, la responsabilidad de evaluar y valorar el desempeño individual dentro de la administración pública cobra una relevancia sin precedentes. Este período de cambio no solo representa una oportunidad para la renovación y el fortalecimiento de la gestión gubernamental, sino que también plantea desafíos estratégicos en la valoración del desempeño de aquellos que han sido parte de la administración hasta ahora.
Los proyectos que emergen como potenciales líderes en los ámbitos de gobierno, tanto federal como municipal, y que además comparten la continuidad política al provenir del mismo partido, con uno de ellos en camino hacia la reelección, enfrentan el significativo desafío de elevar el estándar de la administración que les precede. Esta secuencia política brinda una oportunidad sin precedentes: la de edificar sobre los cimientos ya establecidos, perfeccionando los procesos y políticas en vigencia. No obstante, para asegurar una transición verdaderamente exitosa y eficaz, resulta fundamental realizar una evaluación detallada y estratégica del desempeño de cada uno de los servidores públicos.
El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) emerge como una herramienta crítica en este proceso. Este tipo de evaluación permite no solo identificar las áreas en las que la administración actual ha tenido éxito, sino también aquellas en las que ha flaqueado. Más importante aún, ofrece una visión clara de dónde existen oportunidades de mejora y cuáles son los riesgos que podrían obstaculizar el progreso hacia los objetivos gubernamentales. Es fundamental contrastar el perfil de puesto con las competencias, habilidades y preparación que poseen los servidores públicos, para determinar si están alineados con las necesidades y metas de la administración entrante.
La administración actual, al igual que muchas otras en el pasado, ha realizado "apuestas" en sus servidores públicos basándose en amistades, confianzas y la expectativa de un buen desempeño. Aunque estas decisiones pueden haber sido tomadas con las mejores intenciones, a menudo reducen la objetividad necesaria para determinar quién debería continuar siendo parte del proyecto gubernamental. La responsabilidad ética de cualquier administración, especialmente en un período de transición, debe centrarse en la mejora continua. Esto implica tomar decisiones difíciles pero necesarias, como reconocer cuándo ciertos individuos, a pesar de sus esfuerzos, no cuentan con las competencias suficientes para mantener o ascender en sus posiciones dentro de la administración.
Es esencial que, en el compromiso de mejorar procesos y abordar áreas de oportunidad, se comunique clara y respetuosamente a estos individuos que, aunque se valora su contribución, el proyecto gubernamental en curso requiere un conjunto de habilidades y competencias que no poseen. Esta no es solo una cuestión de eficacia administrativa, sino también de integridad y responsabilidad frente a los ciudadanos que esperan resultados y una gestión eficiente de los recursos públicos.
Este proceso de transición no solo se trata de evaluar las capacidades individuales, sino también de redefinir la cultura administrativa para que refleje valores de transparencia, responsabilidad y eficiencia. Es imprescindible insistir que la mejora continua debe ser un objetivo constante, y para ello, es necesario fomentar un ambiente en el que la autocrítica y la innovación no solo sean bienvenidas, sino incentivadas. Este es un momento para que la administración entrante demuestre su compromiso no solo con la continuidad de los proyectos exitosos, sino también con la corrección audaz de los errores y la implementación de nuevas ideas que puedan superar las expectativas de los ciudadanos.
Además, la transparencia en este proceso de transición es crucial. La ciudadanía debe estar informada no solo de los éxitos, sino también de los retos y dificultades que enfrenta la administración. Comunicar abierta y honestamente sobre las decisiones tomadas, especialmente aquellas que involucran cambios significativos en el personal o la reorientación de proyectos, puede ayudar a construir confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Esta confianza es fundamental para la estabilidad y la cooperación a largo plazo, y sirve como base para el desarrollo de políticas públicas efectivas y bien recibidas.
Como caso práctico de la importancia de alinear las competencias y habilidades con las funciones requeridas en la administración pública, consideremos la asignación de roles críticos como el de contralor. Por ejemplo, colocar a una persona con formación en psicología, sin experiencia ni formación en contabilidad o auditoría, en el puesto de contralor(a) podría ser contraproducente. Aunque las habilidades interpersonales y el entendimiento del comportamiento humano son valiosos, la función de contraloría exige un conocimiento especializado en finanzas, leyes y procedimientos de auditoría que son esenciales para ejercer vigilancia y control sobre la gestión de los recursos públicos. Este ejemplo ilustra cómo una evaluación detallada y estratégica del perfil profesional es vital para garantizar que cada servidor público esté en una posición donde sus habilidades puedan contribuir de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos gubernamentales.
Indudablemente, la renovación de la administración tanto a nivel federal como municipal brinda una oportunidad excepcional para revitalizar y consolidar la eficacia del gobierno. Maximizar esta oportunidad demanda la implementación de una evaluación estratégica y objetiva sobre el rendimiento de los servidores públicos, empleando metodologías que garanticen imparcialidad y coherencia en la toma de decisiones. A través de un proceso evaluativo meticuloso y transparente, podemos asegurar que la nueva administración cuente con un equipo altamente capacitado, preparado para superar los retos presentes y futuros, y así trazar el rumbo hacia una administración gubernamental más competente, íntegra y dedicada al bienestar de la ciudadanía.
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sábado, 03 febrero 2024 | 06:00
A medida que nos acercamos a un año de transiciones significativas en la administración federal y de nuestro municipio, la responsabilidad de evaluar y valorar el desempeño individual dentro de la administración pública cobra una relevancia sin precedentes. Este período de cambio no solo representa una oportunidad para la renovación y el fortalecimiento de la gestión gubernamental, sino que también plantea desafíos estratégicos en la valoración del desempeño de aquellos que han sido parte de la administración hasta ahora.
Los proyectos que emergen como potenciales líderes en los ámbitos de gobierno, tanto federal como municipal, y que además comparten la continuidad política al provenir del mismo partido, con uno de ellos en camino hacia la reelección, enfrentan el significativo desafío de elevar el estándar de la administración que les precede. Esta secuencia política brinda una oportunidad sin precedentes: la de edificar sobre los cimientos ya establecidos, perfeccionando los procesos y políticas en vigencia. No obstante, para asegurar una transición verdaderamente exitosa y eficaz, resulta fundamental realizar una evaluación detallada y estratégica del desempeño de cada uno de los servidores públicos.
El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) emerge como una herramienta crítica en este proceso. Este tipo de evaluación permite no solo identificar las áreas en las que la administración actual ha tenido éxito, sino también aquellas en las que ha........
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