Opinión
sábado, 23 diciembre 2023 | 06:00
En el núcleo de una de las zonas más emblemáticas de Ciudad Juárez, un Fraccionamiento que se encuentra por la “zona de Sendero”, se está escribiendo un capítulo que refleja una preocupante disonancia entre la gestión urbana y las expectativas ciudadanas. Los residentes de esta comunidad han sido arrastrados, sin buscarlo, a un vórtice de decisiones administrativas que rozan los límites de la legalidad y el sentido común.
Recientemente, los vecinos fueron convocados a una reunión bajo un requerimiento (oficio DGDU/DCP/3015/2023) carente, de una base legal sólida. El punto álgido de esta reunión fue la propuesta de la propietaria del predio contiguo en demoler la barda perimetral del fraccionamiento para crear un acceso directo a su propiedad desde el interior del mismo, un fraccionamiento caracterizado por su acceso restringido. Esta solicitud, que ya ha resultado en la destrucción parcial de la barda, se sitúa en un terreno legal ambiguo y levanta interrogantes sobre la validez de tales actos.
Más allá de la legalidad de este acto específico, lo que realmente preocupa es la inacción aparente de las autoridades ante las peticiones expresas de los vecinos para preservar la integridad de su fraccionamiento. Este incidente no solo plantea interrogantes sobre la aplicación efectiva y justa de la ley, sino que también pone en duda la transparencia y la integridad de los procesos administrativos dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano.
Cabe destacar que, como miembro activo de grupos vecinales y liderazgos comunitarios en la zona, he observado una tendencia inquietante. Varias comunidades han sido citadas por autoridades bajo el pretexto de revisar "accesos restringidos". Sin embargo, el verdadero propósito y legalidad de estas notificaciones permanece envuelto en la incertidumbre.
Este patrón de conducta no solo revela una falta de claridad en las políticas de desarrollo urbano, sino que también sugiere una posible desviación de los principios de justicia administrativa y gobernanza responsable. Es imperativo que las autoridades pertinentes aclaren estas acciones y demuestren su compromiso con la legalidad y los intereses legítimos de los residentes.
Más alarmante aún es el reciente escándalo de la construcción de una casa de cambio en el parque El Chamizal, se ha convertido en el epicentro de una situación que trasciende los límites de la simple controversia. En el corazón de esta polémica se encuentra la construcción de una casa de cambio, un acto que no solo desafía el sentido común, sino que también cuestiona la integridad de nuestro sistema de gobernanza local.
La construcción de una casa de cambio en un espacio público tan emblemático representa una privatización burda y contraproducente de un patrimonio común. Este acto no solo es inaceptable, sino que pone en evidencia una grave disfunción en el proceso de toma de decisiones y supervisión de proyectos de desarrollo urbano en Ciudad Juárez.
La responsabilidad por este incidente no puede recaer únicamente en el dueño del negocio, aunque su participación sea innegable. En su lugar, debe ser compartida principalmente por las autoridades que permitieron que esta construcción tuviera lugar. Esto subraya la urgente necesidad de revisar y reforzar los mecanismos de supervisión y aprobación de proyectos de desarrollo urbano en nuestra ciudad.
En primer lugar, es imperativo que se aclare cómo y por qué se permitió que se construyera una casa de cambio en un parque público. ¿Fue un error de procedimiento, un vacío legal o un acto de favoritismo? Estas preguntas deben ser respondidas con transparencia y claridad.
Además, este incidente plantea cuestiones más profundas sobre la planificación y el desarrollo urbano en Ciudad Juárez. ¿Qué políticas y regulaciones están en vigor para evitar la privatización indebida de espacios públicos? ¿Cómo se asegura la integridad y la legalidad de los proyectos de desarrollo urbano? Estas son interrogantes que requieren respuestas sólidas y acciones concretas.
Por lo anterior, es imperativo presidente municipal, que usted intervenga de manera directa y efectiva. Los ciudadanos de Juárez demandan y merecen una administración que actúe dentro del marco de la ley, con transparencia y en beneficio del interés público. Es esencial que la Dirección de Desarrollo Urbano opere bajo estos principios, especialmente en un momento en que la confianza pública está en juego.
Como editorialista, hago un llamado a la administración municipal para que tome medidas inmediatas: detener la destrucción de la barda en el Fraccionamiento citado y desmantelar la infraestructura ilegalmente construida en El Chamizal. Además, es crucial revisar y fortalecer las políticas y procesos internos de la Dirección de Desarrollo Urbano para evitar que tales situaciones se repitan.
En última instancia, la resolución de estas y otras situaciones similares serán un barómetro del compromiso de la administración con sus ciudadanos y los principios de una gobernanza justa y transparente. Es hora de que las autoridades de Ciudad Juárez respondan a este llamado con acciones concretas y justificadas.
En vísperas de una nueva elección, estos eventos no son solo un reflejo de la gestión actual, sino también factores determinantes para el futuro político de Ciudad Juárez. La comunidad espera acciones decisivas y justas, y su respuesta, presidente, será crucial no solo para resolver estos problemas inmediatos, sino también para definir su legado, confianza y liderazgo.
PUBLICIDAD
Dirección de Desarrollo Urbano, un llamado a la acción y responsabilidad
12
0
23.12.2023
Opinión
sábado, 23 diciembre 2023 | 06:00
En el núcleo de una de las zonas más emblemáticas de Ciudad Juárez, un Fraccionamiento que se encuentra por la “zona de Sendero”, se está escribiendo un capítulo que refleja una preocupante disonancia entre la gestión urbana y las expectativas ciudadanas. Los residentes de esta comunidad han sido arrastrados, sin buscarlo, a un vórtice de decisiones administrativas que rozan los límites de la legalidad y el sentido común.
Recientemente, los vecinos fueron convocados a una reunión bajo un requerimiento (oficio DGDU/DCP/3015/2023) carente, de una base legal sólida. El punto álgido de esta reunión fue la propuesta de la propietaria del predio contiguo en demoler la barda perimetral del fraccionamiento para crear un acceso directo a su propiedad desde el interior del mismo, un fraccionamiento caracterizado por su acceso restringido. Esta solicitud, que ya ha resultado en la destrucción parcial de la barda, se sitúa en un terreno legal ambiguo y levanta interrogantes sobre la validez de tales actos.
Más allá de la legalidad de este acto específico, lo que realmente preocupa es la inacción aparente de las autoridades ante las peticiones expresas de los vecinos para preservar la integridad de su fraccionamiento. Este incidente no solo plantea interrogantes sobre la aplicación efectiva y justa de la ley, sino que también pone en........
© El Diario
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
