El juez Santiago Pedraz a su llegada a la Audiencia Nacional. / Alberto Ortega - Europa Press

La decisión del juez Pedraz de imputar a la directora general de la Guardia Civil y a su director adjunto marca un antes y un después en el ‘caso Leire’. No porque dos nombres más se incorporen a una causa que ya suma 36 investigados, sino porque la investigación alcanza al máximo nivel de una institución encargada, precisamente, de perseguir el delito. La iniciativa de imputarlos no parte solo de la acusación ejercida por el PP. Cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. Y en un procedimiento tan cargado de tensión política, esa coincidencia entre la acusación popular y el Ministerio Fiscal confiere a la decisión una relevancia difícil de ignorar.

Hagamos recuento: el ‘caso Leire’ comenzó con la difusión de unos audios en los que Leire Díez, una militante socialista desconocida para la opinión pública, aparecía reunida con empresarios, abogados y personas investigadas en varias causas judiciales. Su intención era obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales encargados de procedimientos sensibles para el presidente del Gobierno. Tras divulgarse esos vídeos, y durante semanas, la........

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