El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La decisión del Tribunal Constitucional sobre la amnistía permite hacernos una pregunta tan desagradable como oportuna: ¿cuánto vale la independencia de las instituciones cuando sus grandes decisiones pueden anticiparse contando los magistrados que pertenecen a cada bloque? Siete votos frente a cinco. Una división completa, perfectamente reconocible, que acaba produciendo el resultado que necesitaban los beneficiarios de una ley negociada para asegurar una mayoría parlamentaria. La apariencia de normalidad jurídica no consigue disipar el problema político. Más bien agrava la percepción de degradación del sistema.

El Constitucional ha estimado el recurso de amparo de Dolors Bassa contra las resoluciones del Supremo que rechazaron amnistiar su delito de malversación. La decisión tiene consecuencias inmediatas para los demás dirigentes del procés. El juez Llarena ha dejado provisionalmente sin efecto –hasta una nueva resolución expresa– las órdenes nacionales de detención de los prófugos Puigdemont, Comín y Puig. El instructor precisa que esa medida no declara aplicada la amnistía ni extingue su responsabilidad penal. Pero el obstáculo que impedía el regreso sin detención de Puigdemont........

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