El Comité pro Santa Cruz propuso (el año 2013) la distribución del 50% para la administración del gobierno central y el otro 50% distribuido de la siguiente manera: 25% para los municipios, 18% para las gobernaciones y 7% para las universidades (Nueva Relación con el Estado, una propuesta cruceña, julio 2024, p. 93). El presidente Rodrigo Paz se ha apropiado de esta propuesta de vieja data. El documento cívico contiene análisis, propuestas y acciones para modernizar la administración del país y profundizar la democracia. El Comité exige medidas a corto y mediano plazo para profundizar las autonomías y lograr su plenitud en los ámbitos organizativo-institucional, económico-financiero, normativa y territorial-administrativo, así como consolidar el Pacto Fiscal. 

En cualquier caso, se necesita una reforma parcial de la Constitución para cambiar las reglas del juego. El gobierno nacional y el centralismo siempre han tenido en promedio el 88% del presupuesto general del Estado, y solo el 12% lo distribuyen entre gobernaciones, alcaldías, universidades y pueblos indígenas. El Pacto Fiscal tenía que haberse realizado en el marco de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) del 7 de julio de 2010. 

La distribución económica del 50/50 necesita de un verdadero barrido de toda una estructura legal que bloquea e impide avanzar. Se necesita desmontar y erradicar todo el “monstro” que ha creado el MAS en estas dos décadas pérdidas en términos institucionales. Se tienen identificadas las leyes nacionales que tienen que derogarse, abrogarse, modificarse, etc. El grueso listado lo encabeza la ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización del 19 de julio de 2010, así como la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado del 21 de enero de 2016. 

La institucionalidad cruceña debe aprovechar (en el mejor sentido del término) esta crisis para diseñar una nueva Bolivia. La dirigencia cívica ha descartado (de momento) la idea de abrazar el federalismo y optó por retomar las banderas autonómicas. La propuesta debe volver a enamorar a los bolivianos y proponer un nuevo modelo de Estado. El oriente boliviano tiene la autoridad, la fortaleza y la convicción para enriquecer el proceso autonómico, conquistado con muchos sacrificios, incluyendo las pérdidas de vidas humanas. La elección del gobernador y la creación de la asamblea legislativa departamental nunca fueron suficientes; tenemos que avanzar en la autonomía económica y financiera. 

Los cruceños tenemos clarísimo que, sin recursos económicos, no puede avanzar el proceso democratizador del ejercicio del poder político. Los gobiernos autoritarios del MAS fueron centralistas, al extremo que muchos de los recursos conquistados por los gobiernos departamentales y municipales fueron confiscados y secuestrados por el nivel central. Mientras el gobierno nacional enarbolaba la autonomía, practicaba el centralismo —puro y duro— y las entidades territoriales se hacían las autónomas y parecían cómodas con la simple elección de autoridades y delegación de competencias sin recursos económicos. La institucionalidad cruceña está convencida de que el principal enemigo de las regiones es el centralismo que, pese a todos los cambios, goza de muy buena salud.

En el plano normativo existe una división territorial del poder, donde los órganos ejecutivos y legislativos de los gobiernos departamentales y municipales forman parte de la distribución y ejercicio del poder público porque se les reconoce cualidad gubernativa. La Constitución boliviana ha establecido que “la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.

La autonomía ha creado distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. Aun cuando se busca terminar con el viejo Estado paquidérmico, existe una cultura centralista “virgen” que lleva casi 200 años de vida republicana, que se encarga de obstaculizar cualquier intento de avanzar hacia un verdadero Estado autonómico.

La crisis generalizada constituye una oportunidad histórica para el relanzamiento del 50/50 y todo el proceso autonómico que exige no solo una nueva reingeniería y hoja de ruta de las autonomías, sino también la necesidad de cambiar el chip centralista por el chip autonomista.

(*) El autor es jurista y autor de varios libros

La muerte y los impuestos

La muerte y los impuestos

La paradoja del líder de ventas

La paradoja del líder de ventas

© El Deber