El juicio de responsabilidades forma parte de la tradición jurídico-constitucional boliviana, y constituye una atribución exclusiva del Tribunal Supremo de Justicia para establecer sanciones (penales y civiles) en contra del presidente y vicepresidente del Estado. Se trata de un proceso penal especial que se activa cuando se les imputa hechos punibles en el ejercicio de la función, o graves infracciones de la Constitución o las leyes, y su responsabilidad y sanción estará a cargo exclusivo del poder judicial.

Mientras el juicio político busca solo la destitución e inhabilitación del presidente y vicepresidente del Estado y las principales autoridades judiciales, el juicio de responsabilidades busca establecer sanciones penales y civiles y se activa cuando se les imputa la comisión de hechos punibles en el ejercicio de la función pública. La Ley 044 del 8 de octubre de 2010, exigía como presupuestos procesales los siguientes: a) La acusación la tiene el fiscal general del Estado; b) El Tribunal Supremo de Justicia se constituye en el órgano jurisdiccional competente para conocer y juzgar al presidente y vicepresidente del Estado; c) Que el hecho punible se haya consumado en el ejercicio de sus funciones públicas; y, d) Que haya una autorización de la Asamblea Legislativa por dos tercios de los miembros presentes, cuya decisión busca proteger........

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