El Decreto 5503 ha merecido gran atención de parte de varios analistas, unos más especializados que otros, habiendo recibido distintas valoraciones y calificativos, pero el que más certero me ha parecido es el que lo ha llamado “decreto ómnibus”.

Desde el inicio, se le reclamaba insistentemente al gobierno que retire la subvención a los combustibles, y había un amplio consenso en la necesidad de tomar previsiones para atenuar su efecto sobre la población más vulnerable, lo que se hizo efectivamente. Se podría haber pensado que la demora en adoptarla tenía que ver con el diseño de dichas políticas de compensación y no, como de hecho ocurrió, con la decisión de incluir, en un solo decreto, un considerable número de temas que rebasan el alcance de la crisis de los combustibles.

Mezclar decisiones de política económica que tienen amplio consenso, con otras que no lo tienen, como se ha hecho evidente al publicarse el decreto, no es trivial. Y no solo que no hay consenso sobre las medidas no referidas al ajuste del precio de los combustibles, sino que también se cuestiona la legitimidad de haberlas aprobado por decreto cuando casi todas ellas requieren ser aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como lo han hecho notar, con toda razón,........

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