Desde el 2 de enero de 2024, se viene escribiendo un sombrío capítulo en la historia casi bicentenaria de Bolivia. Esto se debe a la autoprórroga inconstitucional de los exmagistrados del Tribunal Constitucional, que ha llevado al establecimiento salvaje de un "Estado DE FACTO" en lugar de nuestro Estado de Derecho que más temprano que tarde restauraremos. Esa acción ha herido profundamente el núcleo del Sistema de Gobierno (Arts. 11-12 Constitución Política del Estado) afectando gravemente al ordenamiento jurídico nacional.
El centralismo en medio de múltiples crisis está rigiendo mediante Decretos inconstitucionales (incluso se atrevieron a dizque “poner en vigencia una Ley del Presupuesto General del Estado” -rechazada por el Legislativo- con vulgar nota del Ejecutivo a la Gaceta Oficial del Estado) y con prevaricaciones de un Tribunal DE FACTO Plurinacional al que han concedido facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en la Constitución. Acumulándole el Poder Público (contra los Arts. 12.III y 140 CPE) por el que los derechos y garantías reconocidos en la Constitución quedan a arbitraria merced de un grupúsculo de usurpadores que jamás tuvieron autoridad alguna sobre los ciudadanos.
En su obra "El Espíritu de las Leyes" (1748), Montesquieu, abogó por la separación de poderes como base fundamental de un “gobierno libre”. Entonces permitir que un Tribunal DE FACTO acumule poderes judiciales, ejecutivos o legislativos va en contra de esta garantía, ya que debilita los contrapesos necesarios para evitar el abuso de autoridad. Asimismo, conferir poderes extraordinarios a un Tribunal DE FACTO es una invitación a la violación sistemática de Derechos Fundamentales, comprometiendo la esencia de la Justicia (John Rawls, "Una Teoría de la Justicia").
Como se puede apreciar, la autoprórroga que ejecutó el Arcismo (sin sigla) descompone los elementales conceptos de Estado, de Derecho, de Estado de Derecho y Justicia respectivamente con los que una sociedad funciona civilizadamente y se distingue de la fauna silvestre.
Frente a tal atropello reiteramos nuestra soberana posición de resistir democráticamente como ciudadanos desconociendo a ese Tribunal DE FACTO y sus secuaces del Supremo de Justicia, Agroambiental y Consejo de la Magistratura que jurídicamente, desde el 31.12.23, carecen de jurisdicción y competencia emanada de la Constitución y las leyes. Lo que provocará una avalancha de nulidades y el más nefasto vacío de Poder Judicial e inseguridad jurídica de la historia boliviana si los ahora usurpadores no cesan y desisten inmediatamente.
Por otro lado, se debe señalar que desde el 31.12.23 término constitucional de los corrompidos mandatos de los EX magistrados del Constitucional que fueron cesados ipso iure, el sistema jurídico boliviano ha sufrido una transformación automática. Pues del control concentrado de constitucionalidad que de forma atrofiada ejercía el TCP (usurpando cual legislador positivo muchas veces) durante los últimos 30 años, en los hechos se habría devuelto el control difuso de constitucionalidad (que preexistía eficazmente con anterioridad a la reforma constitucional del 94). Control difuso que ahora deberá ser ejercido por parte de todos los Tribunales, jueces y autoridades del país de acuerdo con la Primacía Constitucional (Art. 410.II/Art. 108.1 CPE).
En el epílogo del fallido proyecto político llamado “MAS-IPSP”, ante el vacío dejado por el Tribunal Constitucional, se convoca a los legisladores a ejercer su facultad interpretativa de la Constitución para dar soluciones inmediatas, conforme al imperativo legal dispuesto por el Art. 4.III in fine de la Ley 027. Se les exige erigirse como defensores de la democracia representativa por la cual fueron electos, frente a la tiranía centralista que se cierne. Solo así, en las calles y desde el Parlamento, podremos redimir nuestra libertad resistiendo con firmeza al Estado DE FACTO, en estricto cumplimiento del mandato constitucional, a 199 años de nuestra Independencia.
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