La política boliviana ha dejado atrás la fase más ruidosa del calendario electoral, pero no necesariamente la más compleja. Las segundas vueltas en cinco departamentos no solo redefinieron autoridades subnacionales; también dibujaron un nuevo mapa de poder que interpela directamente al presidente Rodrigo Paz. Lo que se cerró en las urnas abre ahora una etapa más exigente: la de gobernar sin margen para excusas.

El balance político para el mandatario dista de ser cómodo. Sus apuestas, en varios frentes, no rindieron los frutos esperados. La alianza con Luis Fernando Camacho en Santa Cruz terminó en un resultado adverso que evidencia los límites de acuerdos construidos más desde la coyuntura que desde la coherencia política. En Cochabamba, la derrota también dejó en evidencia una débil capacidad de incidencia territorial. Y en La Paz el caso de Luis Revilla plantea una paradoja incómoda: un eventual gobernador con respaldo legal, pero con legitimidad cuestionada. A ello se suma la caída de Adrián Oliva, en Tarija, otro de los nombres impulsados desde el oficialismo.

En retrospectiva, cabe una lectura inevitable: la neutralidad y el equilibrio pudieron haber sido una estrategia más eficaz. Intervenir, apostar y perder tiene costos políticos. No intervenir también los tiene, pero en este caso quizá habrían sido menores. El presidente optó por jugar y el tablero le devolvió señales claras.

En más de una ocasión, Paz sostuvo que esperaba que concluyera la “turbulencia política” para poner en marcha su agenda de reformas. Ese momento ha llegado. Y con él, una lista de pendientes que no admite dilaciones. El denominado modelo “50/50” sigue siendo, hasta ahora, más una consigna que una política definida. Se habla de redistribución de competencias, de impuestos e incluso de contenidos educativos, pero sin una hoja de ruta clara que permita evaluar su viabilidad.

Al presidente, gobernadores y alcaldes les toca claramente un baño de realidad. Durante un año de campaña se escucharon propuestas que lindaron en lo fantasioso y demagógico. Ahora toca trabajar con dos principios claros e ineludibles: responsabilidad y seriedad.

Más urgente aún es la situación financiera de las gobernaciones y municipios. Nueve departamentos enfrentan escenarios críticos, con estructuras administrativas al borde de la asfixia y capacidades cada vez más limitadas para responder a las demandas ciudadanas. En paralelo, la caída de las regalías hidrocarburíferas deja de ser una alerta para convertirse en una realidad estructural. Pensar el futuro con esos ingresos es, sencillamente, un error de cálculo.

A este cuadro se suma un elemento que no puede seguir postergándose: el Presupuesto General del Estado. Cinco meses después del inicio de la gestión, Bolivia continúa operando con el presupuesto heredado de Luis Arce. No es un detalle técnico, es una señal política. Definir nuevos techos presupuestarios para gobernaciones y alcaldías será, con seguridad, el primer gran conflicto de esta etapa.

La agenda legislativa tampoco admite pausas. Hidrocarburos, minería e inversiones requieren marcos normativos actualizados y coherentes con la realidad económica. Pero para avanzar en ese terreno no bastan los anuncios, se necesitan consensos. Y los consensos no se imponen; se construyen con diálogo y voluntad política.

La turbulencia pasó. O al menos eso se ha dicho. Lo que viene ahora no es menos desafiante: es el momento de tomar el control real de la nave del Estado. Gobernar implica decidir, ordenar prioridades y asumir costos. El piloto automático puede servir en la calma, pero en un entorno adverso solo garantiza deriva. Y Bolivia ya no tiene margen para seguir navegando sin rumbo claro.

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