Me fue harto difícil juntar cifras y porcentajes expuestas en este artículo: las informaciones son innumerables, muchas veces imprecisas, atrasadas y hasta contradictorias. Pero creo que hice la pega y me acerco a la realidad chilena, aunque poco importa un error de más o de menos; lo que importa es la realidad.
Hay tres Chiles: el del gobierno (incluyendo autoridades municipales, regionales, etc.) que hace lo que quiere sin tener en cuenta la más mínima disciplina constitucional simplemente pidiendo perdón o dando explicaciones ridículas por errores garrafales cometidos diariamente, p.e. 6 ministros fueron a lo de Zalaquett y no hay renuncias pues habría que formar un nuevo gobierno y faltan candidatos; el del parlamento donde oficialismo y oposición se dedican al pugilismo en vez de legislar, temiendo proyectos atrasados hace meses o años, pidiéndose a gritos acuerdos sin que nadie esté dispuesto a ceder o siquiera negociar, mientras el país está a la deriva; el del pueblo que ya llega a 19,5 millones y se divide en 3,6 millones de adultos mayores, 4,5 millones de menores de 17 años y 11,5 en edad de trabajar y producir, hundido en el fango del ya incontrolable crimen organizado, mayorista y minorista.
Mientras la productividad cayó algo más de 2% en 2023 el sueldo promedio de trabajadores contratados que era en 2022 $ 6.000.000 bajó en 2023 $ 5.880.000; un 2% que, teniendo en cuenta una inflación de casi 4%, significa una baja real de 6%. Entre tanto, Boric ajustó su propio sueldo y el de su entorno oficialista con 4,8%, de los municipales un 4,3% porque todas y todos se desempeñaron tan bien que lo merecen a pesar de la inflación. Eso lo pagarán las/los trabajadores cuyo sueldo se deterioró, porque no merecen otra cosa. Es el castigo por haber elegido a la administración actual. Hay aprox. 900.000 de empleados públicos mantenidos por 9.000.000 a contrata, y 1,8 millones, el 9% desocupados. Hay 720.000 pymes, 460.000 microempresas, 230.000 pequeñas y 27.000 medianas y 12.000 grandes que tratan desesperadamente sobrevivir y mantener a 4,5 millones menores aunque una parte de éstos ya trabaja. Ni hablemos de los 3,6 millones de jubilados.
El fatídico número nueve: hay aprox. 9 millones de trabajadores de los cuales 0,9 millones son empleados públicos o sea, 1 por cada 9 que produce – y de cada aproximadamente 7 habitantes – incluyendo bebés y ancianos. Esa cantidad se dedica a “administrar” al resto. Gracias a Boric, su número creció un diez por ciento desde que está al mando del país; ignoré que tenemos tanta necesidad de burócratas mientras la productividad nacional bajó más de 7% en un año. Matemáticamente significa que una población, cuya producción e ingresos bajaron, cada uno de ellas/os con un siete por ciento, debe mantener con sus ingresos un/a 0,12 empleado público a cuyo sueldo aumentaron con más de cuatro por ciento.
Perdón por las repeticiones… Si contemplamos estas cifras, nos damos cuenta que la actual administración solo puede estar en busca de dos cosas: una, tratando de asegurarse la máxima cantidad de votos mediante el clientelismo (cosa que está desde ya condenado porque los votantes están hartos de la burocracia y del mal trato y empeño que en general prestan las y los empleados públicos); dos, que sigue la idea propuesta por el hoy senador Quintana en su momento, de destruir la actual sociedad democrática y, una vez hecho esto, el gobierno de izquierda podrá emplear todos los métodos – hoy considerados contrarios a los DD.HH. – para restablecer el orden y vencer al crimen. Pero la experiencia internacional, principalmente la latinoamericana muestra todo lo contrario: donde ese plan triunfó, el gobierno se asoció con el narco, que lo soborna en cambio de la protección que recibe.
No quiero escribir en este artículo sobre el crimen, sobre la falta total de seguridad pues cualquier estadística de hoy será superada mañana. Y eso que Dios nos pilló confesados. ¿O no?
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