El país acaba de iniciar la discusión de una serie de iniciativas en seguridad impulsadas por el Gobierno del Presidente Kast. En ese contexto, es necesario cuidar que el legítimo anhelo de seguridad no termine afectando la dignidad de las personas ni sus garantías fundamentales.

En esta línea, una ciudad se reconoce por cómo trata a quienes más la necesitan. Esa premisa volvió al Congreso hace algunos días, cuando la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara discutió dos proyectos de ley (boletines N° 18.329-06 y N° 18.349-06) que sancionan la ocupación de bienes públicos con instalaciones precarias y tipifican como delito el habitar o pernoctar en espacios públicos, incluso como flagrancia permanente. En términos simples, buscan convertir en delito instalarse a vivir o dormir en la vía pública, es decir penalizar el ruco.

Ambos ponen sobre la mesa una tensión real: recuperar espacios públicos seguros es legítimo, pero mal diseñada, la ley puede terminar sancionando la pobreza en lugar del delito.

No sería la primera vez que retrocedemos en esta materia. Chile despenalizó la vagancia y la mendicidad recién en 1998. Naciones Unidas ha sido clara en el........

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