La política fiscal, a diferencia de la monetaria, depende del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no del Banco Central. Estas instancias determinan, con base en el Presupuesto General del Estado (PGE), una estimación de ingresos y gastos elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Ministerio de Planificación, entre otros.

El presupuesto se construye de abajo hacia arriba. Cada entidad pública —por ejemplo, un hospital— elabora su proyección tomando como base el año anterior, ajustando ingresos y gastos según directrices y techos presupuestarios. Luego, esa información se consolida progresivamente en niveles superiores: alcaldías, gobernaciones, empresas públicas e instituciones descentralizadas, hasta llegar al MEFP, donde se integra el PGE completo.

Participan en este proceso los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. El presupuesto estima ingresos por recaudaciones, préstamos y exportaciones (gas, minerales, entre otros), utilizando proyecciones como el precio del petróleo WTI. También incorpora datos de entidades como el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana.

La elaboración inicia entre abril y mayo, y entre agosto y septiembre se envían el POA y el presupuesto para su consolidación. Finalmente, el Ejecutivo presenta el PGE a la Asamblea Legislativa entre octubre y noviembre, mostrando el balance entre ingresos y gastos.

¿Por qué es importante el presupuesto de gasto? Primero, porque establece un límite máximo de gasto anual para cada entidad. Segundo, porque todas utilizan un clasificador común que permite ordenar y comparar partidas. Tercero, porque cada gasto está codificado, lo que garantiza control y evita excesos: por ejemplo, no se puede contratar más personal del presupuestado ni transferir recursos de inversión a gasto corriente sin autorización.

Además, el presupuesto especifica las fuentes de financiamiento, exige modificaciones formales si se alteran y define responsables mediante mecanismos como el formulario C-31, lo que asegura trazabilidad. La Ley SAFCO 1178, vigente desde 1990, establece controles y sanciones ante abusos, funcionando como un freno institucional.

Sin embargo, en la práctica, las modificaciones presupuestarias permiten ampliar el gasto. Las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) pueden solicitar ajustes que deben ser aprobados por instancias como directorios, concejos municipales, asambleas departamentales o mediante decretos supremos. Este proceso, muchas veces centralizado, abre espacio a decisiones influenciadas por afinidades políticas.

Asimismo, cuando existen ingresos adicionales o se alcanza el límite presupuestario, se puede presentar un presupuesto reformulado, que incrementa el gasto autorizado. En la época de bonanza (2006-2014), la ejecución presupuestaria —medida en porcentaje— reflejaba la capacidad de gasto de las instituciones. Un 95% indicaba alta ejecución, mientras que con reformulaciones se podía incluso superar el 100% del presupuesto inicial.

En contextos críticos, como la pandemia de COVID-19, también se evidenciaron tensiones políticas en torno al financiamiento. La negativa a aprobar créditos externos llevó a recurrir a deuda interna, mostrando los límites y conflictos del sistema.

Un presupuesto bien diseñado puede generar bienestar. Reducir el gasto corriente —especialmente en personal y funcionamiento— permite liberar recursos para inversión pública en infraestructura, salud o educación. Además, el presupuesto refleja prioridades políticas y orienta la gestión institucional.

El uso de clasificadores estandarizados facilita evaluar resultados al final de cada gestión, identificando aciertos y falencias. Los sistemas digitales han modernizado este proceso: del manejo manual se pasó al sistema SIGMA (desde 2006) y luego al SIGEP (2011-2013), que integra múltiples módulos financieros, mejora el control y permite mayor transparencia mediante registros digitales y firmas electrónicas.

Hoy, incluso los ciudadanos pueden acceder parcialmente a información sobre ejecución presupuestaria, aunque aún es necesario avanzar hacia sistemas más abiertos que fortalezcan la fiscalización pública.

En el próximo capítulo abordaremos los ingresos fiscales, componente clave del PGE.

*Babson ’82, ex catedrático universitario

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