Periodistas, personeros y activistas de una ONG ligada a Open Society Foundations sostienen que el 100 % de las detenciones en El Salvador serían arbitrarias; por ende, el Estado tendría que liberarlos. Así pues, las comisiones de “expertos y expertas en derechos humanos” exigen la liberación de 89.000 personas capturadas en la ofensiva del presidente Bukele contra las maras. De esta noticia y otras conexas se llenan las redes sociales en los últimos días.

¿Será así? ¿Puede, alegremente, pedirse la liberación de terroristas? Pero avanzan aún más y creen que encarcelar a alguien por pertenecer a una pandilla es violar sus derechos humanos. Inaudito: algo aquí comienza a oler mal.

Estos pedidos de ONG, prohijadas por la ONU, pretenden desmantelar una política y estrategia de seguridad implementadas por un líder que tuvo el valor de poner grandes remedios a los grandes males que atravesaba El Salvador.

Los reportes de organizaciones internacionales tienen el atrevimiento de sugerir, criticar y exigir al gobierno de Nayib Bukele, sin siquiera disimularlo con un lenguaje más diplomático. Algo sigue mal aquí.

Bukele tuvo que poner en práctica un régimen de excepción para terminar con un largo tiempo de terror, abuso, extorsión, muerte y violaciones que dejaron maltrecho al pequeño país centroamericano, en su momento acaso el más peligroso del mundo, pero ahora convertido en el más seguro de la región americana.

En 2025, los homicidios se redujeron a una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes, la más baja jamás registrada.

El régimen de excepción se implementó el 27 de marzo de 2022, luego de que un día antes se registrara un total de 62 muertes en una sola jornada, el mayor número de homicidios en un día en tres décadas. Fue la gota que rebalsó el vaso y comenzó el régimen de excepción. Este régimen tenía vigencia de treinta días, pero se ha ido renovando mes tras mes hasta el día de hoy, como un apoyo consensuado de la Asamblea Legislativa de El Salvador a las medidas del presidente Bukele.

Las críticas de “expertos en derechos humanos” de distintas ONG y otros organismos internacionales aparecieron desde un principio y arreciaron ante la construcción del CECOT, el “infierno en la tierra”, como lo denominan algunos.

La respuesta recurrente del presidente y otros funcionarios siempre fue cuestionar a esos organismos: ¿dónde estuvieron cuando gente inocente era asesinada y maltratada por las pandillas? ¿Por qué no dijeron nada entonces? ¿Por qué no hicieron nada ante semejante violencia? ¿Por qué aparecen ahora? ¿Por qué reclaman derechos de delincuentes?

Y las anteriores preguntas seguirán repitiéndose ante la intromisión de gente de escritorio que no conoce, o mejor dicho, nunca conoció la realidad salvadoreña de antes para poder compararla con la actual.

El Salvador tiene el derecho de ordenar y limpiar su casa. Cómo lo haga o qué instrumentos utilice ya es de su incumbencia y, mientras su población viva en un nuevo ambiente de seguridad y paz, solo queda tratar de imitarlos o envidiarlos sanamente. Quizá por ello, gente de otros países se expresa en redes sociales anhelando que Bukele pudiera ser su presidente.

Por ahora, el gobierno mantiene su legítima independencia y, ante la terca intromisión de los expertos oenegeros, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, los llama organizaciones criminales y les recuerda que sus votos no cuentan ni tienen ninguna legitimidad soberana sobre El Salvador, y concluye diciéndoles: “váyanse al carajo”.

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