David Mejía, en una de sus columnas en El Mundo, encuentra el adjetivo justo ("desaliñada") para calificar la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez. A continuación, acierta de lleno señalando que si hay alguien que no puede ni debe pronunciarse públicamente en esos términos -ni sobre ese sumario ni sobre ningún otro que esté tramitándose en un juzgado español-, ese alguien es precisamente el ministro de Justicia.

El Gobierno de Sánchez tiene una visión muy errada y siempre ventajista y tramposa sobre su propio papel y el de los demás en el entramado de una democracia parlamentaria; tiende a interpretar el reglamento a su favor, cuando no a ignorarlo olímpicamente; aplica la ley del embudo con desenvuelta soltura de cuerpo; y padece una peligrosa pulsión expansiva sobre los límites de su propio poder. Nada que no pueda decirse de cualquier otro gobierno populista, son rasgos de la especie.

El Ministerio de Justicia es el segundo más antiguo de España después del de Asuntos Exteriores. Su misión está grabada a fuego en la Constitución y en varios siglos de historia. Es el encargado de proveer a la Administración de Justicia de los elementos materiales y personales necesarios para su funcionamiento y, a la vez (y sobre todo), asegurar una relación fluida del poder ejecutivo con el judicial dentro del estricto respeto recíproco a sus competencias respectivas, además de actuar a modo de asesor jurídico del Gobierno para asegurar la pulcritud de sus iniciativas legislativas.

Este presidente tuvo la ocurrencia de fusionarlo con el de Relaciones con las Cortes. De modo que el actual titular de ese departamento, sin tener el rango formal de vicepresidente, ostenta de hecho........

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