El crecimiento de las economías ilegales en el Perú es evidente. Entre el 37% y el 68% de la madera peruana es de origen ilegal. Ello implicó la deforestación de más de 200 mil hectáreas en el 2020. La cantidad de hectáreas de cultivo ilegal de hoja de coca se duplicó en cinco años, superando las 95 mil hectáreas, según Devida. Cada año se registra un mayor volumen de contrabando, que representa más de US$500 millones, según la Sunat. La minería ilegal de oro ha aumentado, con cerca de 60 mil kg de oro exportado en el 2023 sin conocer su origen, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Una respuesta recurrente a ello es emitir más regulaciones sobre estas actividades. Respuestas normativas que resultan más performativas que eficaces. El problema es que el impacto principal de estas medidas no recae sobre las organizaciones criminales o los incentivos de estas economías ilegales, sino sobre las empresas formales y los ciudadanos que sí cumplen las normas.

Un ejemplo es la Lista Blanca de Renteseg, un sistema que busca combatir el robo de celulares. Esta implica el posible bloqueo de miles de teléfonos legalmente adquiridos, si no han sido registrados. Si el celular es bloqueado, el ciudadano tendrá la tarea de desbloquearlo. Le tocará hacerse tiempo para hacer el trámite ante la operadora, portando sus documentos y esperando que le permitan usar el equipo que compró legalmente. En un contexto con alta disponibilidad de mecanismos informales e ilegales, una consecuencia más que posible es que este ciudadano vaya a una “cachina” a desbloquear el equipo, venderlo a un informal, adquirir otro teléfono informal. Todo ello alimentando el mercado ilegal de celulares, el efecto inverso del esperado.

Otro ejemplo es el Reinfo, el registro de formalización minera. Este proceso era temporal y buscaba que los mineros informales se legalizaran. Luego de varias extensiones, muchos mineros ilegales han aprovechado este mecanismo para viabilizar sus operaciones delictivas. Esto genera desconfianza en el sistema, lo que también incentiva la ilegalidad, la depredación del medio ambiente y la violencia. A su vez, alimenta una narrativa de profunda desconfianza sobre los mineros artesanales que sí quieren cumplir la ley.

Un tercer ejemplo es el contrabando, que representa millones de dólares anuales. En lugar de establecer medidas de control contra la oferta de productos de contrabando y tráfico, se sobrerregula a las empresas legales, lo que alarga los trámites, encarece los procesos y sube los precios. Como resultado, sigue siendo más barato y fácil comprar productos de contrabando que evaden los controles.

Frente a la expansión de las economías ilegales no podemos simplemente emitir normas: si hay demanda, habrá oferta, legal o no. Las barreras de acceso y la mala regulación tienden a incentivar la oferta ilegal. Prohibir una práctica productiva o comercial no hará que esa demanda y oferta desaparezcan por sí mismas. Una mala regulación puede ser devastadora para el mercado legal y un aliciente para el ilegal.