El retraso de la empresa Talgo en entregar los nuevos trenes AVE (el modelo Avril) a Renfe le va a salir muy caro, porque la entidad pública empresarial, denominada Renfe-Operadora, va a sancionarla como nunca antes se había visto. Hace dos años Renfe anunció una multa de 116 millones de euros por el retraso con el pedido de trenes, a los que ahora añade otros 50 millones por el lucro cesante causado, al no poder trabajar con los trenes Avril en los dos últimos años. A todo lo anterior se suma una sanción de 80.000 euros por cada día que pase sin haber entregado los convoyes. Esta última penalización entrará en vigor a partir del primer día del próximo mes. Renfe explica las sanciones porque la documentación entregada por Talgo no justifica los retrasos en la entrega de los trenes y por ausencia de un plan de actuación para resolver la situación creada ¿Qué decir de todo esto?

Para un ciudadano medio de este país leer que la empresa pública Renfe puede poner multas multimillonarias a un proveedor por retrasos en la entrega de un pedido resulta muy llamativo. No estamos hablando de multas y recargos puestos por la Administración pública a una empresa, sino a una disfunción en la relación comercial entre dos empresas, una pública y otra privada, que se sustancia con una sanción de grandes dimensiones. ¿Qué poderes exorbitantes tiene Renfe para actuar así? Le falta fuerza moral para actuar de un modo tan expeditivo, porque pocas empresas como ella habrán incumplido tanto los compromisos públicos asumidos. ¿Qué sanción habría que poner a Renfe por el retraso en la utilización de la variante de Pajares? ¿A Talgo le multan por tardar en realizar la puesta a punto de los trenes Avril, pero a Renfe le salió gratis el retraso de los trenes Alvia en cruzar la variante? ¿Hay dos legalidades en España, una para los operadores públicos y otra para los privados?

El grupo húngaro Ganz-Mavag presentó una OPA por el 100% de las acciones de Talgo. Aunque la oferta es bien vista por el núcleo duro de los accionistas, el Gobierno amenaza con impedirla. Tiene elementos legales para hacerlo, al poder intervenir en cuanto un accionista extranjero pretenda hacerse con más del 10% del capital. Dos consideraciones finales. A una empresa endeudada como Talgo (227 millones en créditos bancarios) se le pone una multa de 166 millones y descarrila. Ayer, un amigo me dijo, entre bromas y veras, que los 166 millones servirían para que el Gobierno comprara Talgo, valorada en 619 millones. Círculo cerrado.