Si el gobierno que lidera Dina Boluarte mantiene su comportamiento negligente, lo más probable es que, cuando finalice, se habrán socavado severamente los cimientos de una de las fortalezas económicas que el país había exhibido: la solidez de sus instituciones. Recientes hechos evidenciados por informados observadores del quehacer económico ahondan esa preocupación. Alejandra Costa, por ejemplo, no duda en ver en el gobierno de Boluarte una continuación del de Pedro Castillo, que –en conjunto– dejarán un legado que se resume en “un MEF incluso más debilitado, preocupantemente inerme ante [los] futuros embates populistas de un Congreso cada vez más envalentonado” (El Comercio, 19/4/2024).

Más recientemente, Augusto Álvarez Rodrich reseña el debilitamiento del MEF señalando “su pérdida de liderazgo [...] dentro del gobierno para ordenar a todo el Gabinete, y fuera de este para persuadir con energía a quienes lanzan tomatazos, con más entusiasmo que conocimiento, al manejo económico sensato: Congreso, política y medios” (“La República”, 23/4/2024). Como para dar asidero a estos hechos, se presenta una controversia sobre la estabilidad del Consejo Fiscal, ente autónomo de una solidez técnica indudable que servía de referente para los sucesivos gobiernos. El de Boluarte, en cambio, parece haberle bajado el dedo a su presidente, Carlos Oliva. Las sustentadas críticas del organismo al manejo gubernamental (con Alex Contreras primero y con José Arista después) deben de haber causado gran incomodidad. En medio de ello, el presidente del Congreso, Alejandro Soto –silente en la mayoría de las ocasiones–, decidió reaccionar, a través de una carta dirigida a Boluarte, a unas declaraciones públicas de Arista, que en la víspera había señalado que el retiro de fondo de las AFP era “una medida populista”. Para Soto, las afirmaciones de Arista carecen de “argumentos sólidos, socavan el proceso democrático y fomentan un clima de división y confrontación innecesario”. División y confrontación no es algo que se haya visto en un Ejecutivo que más bien fue expeditivo en la promulgación de la norma. Por el contrario, en este y en el relajamiento de los límites de endeudamiento del municipio capitalino ha tenido reflejos pragmatistas, cuando no obsecuentes.

La institucionalidad económica, pues, parece mellada. A partir del 2016, la del MEF se había vuelto una silla voladora, casi casi como la del Mininter. Hoy es, además, mucho más vulnerable a los embates políticos que carecen de sustento técnico.

Los próximos comicios deberían ser un escenario propicio para un pacto básico entre las fuerzas políticas para retomar la prudencia. Pero si persiste la polarización (véase “Despolarizar”, de Carlos Meléndez, El Comercio, 21/4/2024), cualquier pacto puede resultar muy ambicioso. Al menos puede aspirarse a un acuerdo básico: convertir la preservación de la institucionalidad económica en algo no negociable.