En el foro empresarial CADE Ejecutivos, el primer ministro anunció diversas medidas orientadas a dinamizar la inversión privada y a impulsar los proyectos de inversión, que estarían desarrolladas en el Decreto Legislativo 1559. Entre ellas, propuso una serie de facilidades regulatorias con el fin de reducir trámites y eliminar obstáculos que considera innecesarios, como la exoneración de licencias de habilitación urbana, la agilización de procesos y plazos de adquisición de terrenos, la flexibilización de la expropiación de inmuebles para los proyectos de reconstrucción ante desastres y facilidades en materia de certificaciones arqueológicas. Si bien en el mencionado decreto no se detallan las medidas asociadas a las licencias de habilitaciones urbanas y a los certificados de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), considero importante analizar el posible impacto de estos anuncios.
Desde mi experiencia, los obstáculos que limitan la inversión del sector privado no están asociados a dichos procedimientos, que han sido diseñados para garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad y la protección de nuestro patrimonio arqueológico, sino a la deficiente gestión de las municipalidades y a los permanentes incentivos a la informalidad que se dan desde el Estado. La exoneración de las licencias de habilitaciones urbanas trasladaría la revisión de los proyectos a la conformidad de obra, con lo que la subsanación de las observaciones sería mucho más limitada y costosa. Sin una licencia, ¿cómo se garantizaría la provisión de electricidad, agua y desagüe, la integración a la trama urbana, la seguridad de las familias y la preservación del patrimonio?
A inicios de año, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI) mencionó en declaraciones para “Perú21″ que la informalidad y la falta de planificación territorial eran los principales problemas de las ciudades. Estudios encargados por dicha asociación han arrojado que el 95% de las habilitaciones urbanas son informales y que más del 80% de las viviendas son autoconstruidas. La recurrente política de formalización y titulación es el principal incentivo para la informalidad y el mayor obstáculo para el desarrollo de urbanizaciones formales y seguras. Su nocivo impacto en el desarrollo territorial se puede medir en las cifras arrojadas por un difundido estudio de Grade, donde se concluye que el 93% del nuevo suelo urbano es de origen informal e ilegal.
El Estado, lejos de buscar revertir esta situación, invierte sus limitados recursos en las obras que los informales no ejecutan. Además, debiera quedarnos en claro que el mercado informal seguirá existiendo en la medida en que no se promueva una política de vivienda que incluya masivamente a las familias cuya economía no está dentro del sistema formal.
Los mayores costos de los desarrollos formales están asociados a la deficiente gestión de los gobiernos subnacionales. La ausencia de planes de desarrollo urbano estratégicos que determinen y prioricen con seriedad los proyectos de inversión pública y las debilidades técnicas y políticas de las municipalidades hacen que no se planifiquen e implementen las obras que son necesarias para garantizar una apropiada urbanización del suelo. Asimismo, no permiten proyectar los equipamientos necesarios para el adecuado desarrollo de las personas, como son los centros educativos, de salud, cultura y deporte, ni la apropiada integración vial y oferta de transporte público formal y seguro.
Lo que el sector privado necesita no es la exoneración de procesos importantes asociados a la dignidad del hábitat y a la protección del patrimonio arqueológico, sino un Estado capaz de planificar y gestionar de manera adecuada el desarrollo urbano, que asuma un rol activo en la promoción de las obras que inciden en los costos de urbanización y que garantice la vida digna de sus habitantes a través de equipamientos y accesibilidad. Igualmente, requiere un Estado capaz de fiscalizar la ocupación del suelo, que persiga a los informales y mafiosos, que fomente la urbanización y la construcción formal, y que promueva programas de vivienda social consecuentes con la realidad social y económica de la mayoría de los peruanos.
Sería importante saber si el actual gobierno tiene la voluntad y está en la capacidad de actuar sobre estos temas urgentes.
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