Las Cámaras de la Propiedad Urbana surgieron a principios del s. XX como entidades sin fin de lucro, con el objetivo de defender, amparar y fomentar los intereses generales de la propiedad urbana. Con una importante función social, entre sus múltiples actividades en defensa de la propiedad, las Cámaras habían ganado un recurso al Gobierno de Felipe González en 1987, don- de se declararon inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Medidas Urgentes de Financiación de las Haciendas Locales. Debido a ese recurso, el Estado tuvo que devolver 60.000 millones de pesetas a cuatro millones de propietarios. Esto irritó al Gobierno hasta el punto de decidir la disolución de las Cámaras de la Propiedad Urbana.
Sin embargo, esto no fue más que una actuación en el cumplimiento de los deberes de las Cámaras en relación a la defensa de la propiedad urbana. Lo mismo que se hacía cuando el Ayuntamiento presentaba nuevos planeamientos urbanísticos y la Cámara contrataba a un arquitecto urbanista y un abogado especializado con el objetivo de hacer las alegaciones necesarias con el fin de evitar situaciones delicadas o perjudiciales para los propietarios; y paralelamente, para mejorar el planeamiento de la ciudad. Por cierto, estas alegaciones eran especialmente res- petadas en los ayuntamientos porque eran muy profesionales y jurídicamente impecables. Cuán- tas veces recibimos el agradecimiento de personas a las que habíamos ayudado sin que nos lo pidiesen, y sin que tuvieran conocimiento de ello, simplemente cumpliendo con la obligación de defensa de todos los asociados.

La verdad es que en algunas provincias el famoso recurso costó algún disgusto al PSOE porque nos encargamos de explicarlo públicamente así como la razón de su presentación. En Segovia mandamos incluso a un administrativo con una máquina de escribir para que preparara los recursos pertinentes y se reembolsase el dinero cobrado indebidamente a las personas que lo desearan en los pueblos donde el recurso tuvo incidencia. En Segovia fueron unos pocos pueblos pero no la capital. Concretamente, Aldea Real, Cantalejo, Cantimpalos, Mozoncillo, San Cristóbal de la Vega, Sangarcía, San Ildefonso, Turégano y El Sotillo.

La realidad es que fue una sentencia muy comentada y tuvo mucha repercusión. Pero también tuvo su parte conflictiva: el Gobierno (sobre todo el complicado ministro Borrell, cuyo carácter y conducta eran difíciles de entender) se cogió un rebote absurdo y decidieron ir contra las Cámaras porque las consideraban un reducto de la derecha y muy incómodas para ellos.

Debido a ese enfado infantil más propio de repúblicas bananeras que de una democracia moderna, el Gobierno preparó su estrategia de tal manera que el año 1988 suprimió el carácter de exacción parafiscal de la cuota obligatoria, en 1989 la incorporación obligatoria y después intentó suprimir las Cámaras al socaire de la ley de........

© El Adelantado