José Miguel Aldunate

Van dos semanas desde el rechazo de la segunda propuesta constitucional y -Navidad y Año Nuevo mediante- todo parece un sueño del pasado. Hoy, estamos con la cabeza en las reformas de pensiones, salud y tributaria, en la delincuencia y cesantía. Como si nunca hubiera habido un debate constitucional.

Muy poco sobrevivió al doble rechazo. El principal, si acaso el único diagnóstico común que podemos rescatar es la necesidad de reformar el sistema político. En lo demás, parece que tenemos demasiadas diferencias, que el tema no suscita interés o ambas.

“De todos los poderes del Estado, solo el Poder Judicial se mantiene casi exactamente igual a su diseño de principios del siglo XIX”.

Así, me temo que uno de los temas en que se había forjado un difícil consenso quedará irremediablemente en el olvido: la reforma al Poder Judicial. La Convención Constitucional, a pesar de la explotación del conflicto y la extravagancia y, en materia judicial, de la insólita propuesta de que PluriChile contara con una plurijusticia, consiguió sacar una cosa en limpio: un acuerdo transversal entre todos los sectores sobre la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

A lo largo de la historia de la República, de todos los poderes del Estado, en sus infinitas idas y venidas, adaptándose una y otra vez a los cambios de los vientos, solo el Poder Judicial se mantiene casi exactamente igual a su diseño de principios del siglo XIX. Con una Corte Suprema a la cabeza que concentra todas las funciones, distrae a los ministros de sus tareas y asfixia el mérito de los jueces de instancia.

Pero la discusión en la Convención decantó, luego, en un Consejo de la Justicia que concentraba todas las funciones, al peor estilo latinoamericano, y un Poder Judicial que ya ni se llamaba Poder Judicial y que quedaba a la merced de la captura política. Hasta ahí no más llegó el consenso. Pero el diagnóstico de base permaneció.

Vino el “rechazo”, luego el acuerdo político con sus 12 bases y comenzó el segundo proceso. Lo primero que acordó la subcomisión de Justicia del Consejo de Expertos fue hacerse cargo de la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. En cuánto al cómo, a un lado estaban los que querían un Consejo Judicial como el de la Convención Constitucional y, al otro, los que rechazaban esa idea de plano. Alcanzaron una solución intermedia: crear no uno, sino varios órganos a cargo del gobierno judicial, para alcanzar el mismo objetivo sin arriesgar la captura política.

A continuación, el Consejo Constitucional hizo pequeñas modificaciones y así se fue la propuesta al plebiscito. A diferencia de la vez anterior, en que la Justicia estuvo en el centro de las campañas, esta vez el debate electoral hizo caso omiso del asunto. Y sobrevino el triunfo del 55% para la opción “en contra”.

Con este historial, es probable que los poderes bicentenarios de la Corte Suprema se conviertan en tricentenarios. La separación de las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales es un problema cuya solución es indispensable para el buen funcionamiento del Poder Judicial, pero nunca ha estado y nunca estará en el listado de las urgencias.

No queda más que llorar sobre la leche derramada.