A veces siento que en Colombia discutimos tanto lo urgente, que olvidamos lo importante.

Hoy vemos una nueva tensión entre el presidente Gustavo Petro y el Banco de la República. Más allá de quién tenga la razón, preocupa el desgaste que se genera cuando las instituciones entran en confrontación permanente. Porque en economía, ese desgaste no es simbólico: se paga.

El Banco de la República no es un actor político. Su función es mantener estable el valor del dinero, es decir, controlar la inflación con una meta cercana al 3%. Y eso, aunque suene técnico, tiene un impacto directo en la vida cotidiana.

La inflación es cuando todo se vuelve más caro: el mercado, el transporte, el café de la mañana. Es el golpe silencioso al bolsillo. Colombia superó el 10% en 2022, cerró 2023 en 9,3% y ha venido bajando hasta ubicarse alrededor del 5%. Es un avance, pero aún no es suficiente.

Por eso el Banco ha mantenido tasas de interés altas, cerca del 11%. Esto encarece el crédito y frena el consumo, pero busca desacelerar el aumento de precios. No es una decisión popular, es una medida de control.

Desde el Gobierno se ha cuestionado esta postura, argumentando que las tasas altas frenan el crecimiento y afectan sectores productivos. Es un punto válido: el crédito caro limita la inversión y el dinamismo económico.

Pero también hay otra cara. El Banco no está para ser popular, sino para ser responsable. Su tarea es evitar que la inflación se descontrole, porque cuando eso ocurre, el costo para la economía y los ciudadanos es mucho mayor.

En el campo esto se siente con claridad. Para un caficultor, la economía no es abstracta: es el precio del fertilizante, el costo del transporte, el valor de un crédito para sostener la producción. Si las tasas están altas, invertir se vuelve difícil; si la inflación sube, el ingreso pierde valor. Es un equilibrio delicado.

Un caficultor no solo siembra café. Toma decisiones constantes: si renueva cultivos, si contrata ayuda, si puede financiarse. También depende del dólar y de los precios internacionales. En ese contexto, la estabilidad económica define si puede avanzar o simplemente resistir.

Por eso preocupa cuando el debate se convierte en confrontación. Lo que está en juego no es solo una decisión técnica, es la confianza. Y la confianza es clave: cuando se debilita, la inversión se frena, los mercados dudan y las decisiones se aplazan.

El debate es necesario. El Gobierno puede cuestionar y proponer. Pero hay límites. Debilitar la credibilidad de una institución clave puede salir más caro que cualquier desacuerdo.

Hoy Colombia no tiene una inflación desbordada, pero tampoco está controlada. Está en un punto intermedio que exige más sensatez que ruido.

Porque mientras se discute quién tiene la razón, millones de colombianos hacen cuentas para ver si les alcanza. Y esa debería ser, siempre, la verdadera prioridad.

Al final, cuando las instituciones se desgastan, el costo no lo pagan los discursos, lo paga la gente. Colombia necesita menos confrontación y más certezas. Porque la estabilidad no es un lujo técnico: es la base para vivir y proyectar el futuro con algo tan simple —y tan valioso— como la tranquilidad de que mañana no será más incierto que hoy.

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