Nuestro departamento del Huila depende en gran medida de los recursos de la nación para infraestructura vial, y el próximo gobierno es clave para fortalecer una red deteriorada e inexistente en muchas partes del territorio. Las vías son calidad de vida, rutas de transporte ciudadano y de productos, es salubridad para evitar problemas respiratorios y en escencia, dignidad humana.

El departamento administra 1.332 km de vías en su red, las vías de primer orden pavimentadas son el 64,4 % y las vías de segundo orden pavimentadas son el 48,2 %, lo cual evidencia una brecha de desigualdad, sobre todo en corredores secundarios y terciarios (rurales). Lo cual deja una enorme ausencia institucional que sigue acrecentándose en el campo, el principal sector que sostiene nuestra economía.

Por su parte, la Inversión pública reciente en infraestructura vial departamental en 2025 fue de $69.500 millones de pesos en convenios viales y de conectividad; ademas, de un convenio entre Prosperidad Social y la Gobernación del Huila por $26.324 millones de pesos, para una Intervención de14 km de vías urbanas y rurales para una cobertura de 11 municipios. Una valiosa gestión que dependerá su continuidad del gobierno que llegue, ya que uno de los problemas de nuestro sistema político es que cada gobernador depende de la buena relación con los dos presidentes en su mandato, con el que llega y el que termina periodo.

Mientras que la controvertida Ruta 45 como corredor clave que atraviesa el Huila y conecta con el sur del país con una extensión aproximada de 456 km, sigue reflejando problemas en Pricongo y los Altares por las fuertes lluvias, en las cuales se espera que su mantenimiento sea el más indicado, ya que pagar tres peajes entre Neiva y Pitalito para condiciones precarias es una de las mayores injusticias que ha permitido nuestra dirigencia política.

Finalmente, en tiempos de campaña hablar de vías son promesas, aplausos y votos; pero la ciudadanía exige pasar de las palabras a los hechos y aumentar la pavimentación, facilitar el acceso a zonas productivas; así como reducir la vulnerabilidad por lluvias y deslizamientos. Y para gestionar quedan dos caminos: llevar una totuma de limosnas al gobierno de turno o elegir dirigentes con la capacidad técnica de liderar debates de control político que resuenen en el Congreso para exigir recursos en el Plan Nacional de Desarrollo; ya veremos qué vía tomarán este 8 de marzo los huilenses.

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