Los gobiernos progresistas apuntaron maneras desde su inicio. Uxue Barkos presidía el Gobierno de Navarra cuando el departamento de Educación, liderado por María Solana, adjudicó al hermano de la presidenta el proyecto de remodelación del Instituto de Educación Secundaria de Huarte. El proyecto fue un procedimiento negociado sin publicidad, por lo que no salió a concurrencia pública, hecho criticado por toda la oposición. Y llegó 2019. Chivite se hizo con la presidencia del Gobierno de Navarra y su gobierno fichó a la mujer del entonces senador del PSN, Antonio Magdaleno, como Directora General de Transportes; el consejero de Educación, Gimeno, nombró a su cuñada miembro de su gabinete; la empresa pública Nasuvinsa contrató a la mujer del entonces vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez; Elma Saiz también utilizó su influencia, cuando fue nombrada ministra, para favorecer a su amiga Cristina Navarro nombrándola en 2023 subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cargo que ha ocupado hasta que hace unos días era nombrada, a pesar de no tener formación científica, Directora-Gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), centro que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública, denuncia que inicialmente fue ignorada por el Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, otrora consejero del Gobierno de María Chivite. 

Además de lo anterior, se han dilapidado casi tres millones de euros en los préstamos a Davalor; se ha incrementado en millones de euros el gasto en consejerías y cargos de libre designación; se han creado empresas públicas (Bidean, Nafarbide e Instituto Navarro de Inversiones) a pesar de los informes desfavorables del Jefe de Sección de Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos, informes avalados por la Directora del Servicio de Patrimonio, la Directora General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica, así como por el Interventor General, empresas dirigidas por socialistas de carnet. Imposible olvidar las adjudicaciones de obras públicas (Belate, Nasuvinsa, Archivo…) cuestionadas por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción; a la pareja del exportavoz del grupo parlamentario socialista, Alzórriz, contratada por una de las empresas adjudicatarias (Servinabar)de esas sospechosas adjudicaciones, y no sólo ella, sino que Servinabar también contrató a la hermana del gran cerebro del PSOE, Cerdán, y del cuñado de éste. Y como colofón, Cerdán, padre político de Chivite y muñidor de los pactos con Bildu, que ha estado en prisión provisional durante casi cinco meses. Pero ya sabemos que todo ha sido “legal y transparente”. 

Gobiernos progresistas cargados de irregularidades, nombramientos, ceses, dimisiones y represalias. Caso llamativo fue el envío a galeras del letrado y secretario de la Mesa de Contratación de Belate por denunciar las prácticas que ya conocemos, y llamativas fueron las dimisiones de tres directores del servicio de Régimen Jurídico de Función Pública, departamento dirigido por la ya exconsejera Amparo López, esa que se ha visto premiada con una plaza fija de funcionaria en el Ayuntamiento del Valle de Egüés, plaza temporal a la que accedió en 2015 y en la que sólo trabajó durante dieciocho meses y que, en el proceso de estabilización de plazas llevado a cabo por el Gobierno de Navarra, y yendo más allá de la recomendación de la Ley estatal, mediante un Decreto-Ley firmado por quien fuera su superior, Javier Remírez, se le establecieron como méritos los servicios prestados en cargos de libre designación en el País Vasco y Navarra. Inaudito. 

Y como aquí no pasa nada, siguen queriendo sortear la legalidad, la ética y la estética. Lo penúltimo es que una miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista de Navarra, Miriam Martón, que desde 2019 y hasta finales de enero de 2026 ha sido Directora-Gerente del Servicio Navarro de Empleo, y hoy es Directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, ha optado, y ha sido admitida, a la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de ocho plazas del puesto de Titulado Superior de Empleo. Miriam Martón fue Directora del Servicio Navarro de Empleo hasta el 25 de enero de 2026. La Resolución por la que se aprobó dicha oposición se firmó el 4 de febrero de 2026, por lo tanto, la preparación de dicha convocatoria pasó antes por el Servicio Navarro de Empleo mientras Miriam Martón era su Directora. Además de lo anterior, la presidenta del Tribunal calificador de la oposición, y uno de sus vocales, fueron nombrados Jefes de Servicio por Miriam Martón cuando era Directora del Servicio Navarro de Empleo. 

¿El Tribunal ha dado por buena la admisión a la convocatoria de la exjefa de algunos de sus integrantes? ¿Conocen el resto de opositores a esas plazas todas esas circunstancias? La admisión de Miriam Martón a esa convocatoria vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, ya que la posición de la exdirectora le otorga una ventaja injusta, y además existe un conflicto de intereses al tener influencia sobre algunos miembros del Tribunal calificador que, por otra parte, y según la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, sección 4ª, artículo 23, deberían abstenerse en la calificación de quien fue su jefa directa. ¿Alguien sabe si Kontuz sigue en activo? 

Chon Latienda Urroz es comentarista política.

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