Pese a que el Gobierno estaba este miércoles al borde del ataque de nervios por la votación de los decretos anticrisis, motivo por el que Bolaños y Yolanda Diaz apelaron a los sentimientos de solidaridad más manidos, lo grave, lo verdaderamente grave, es el chantaje de Junts. Sabían que la legislatura iba a ser difícil, pero no que a la primera de cambio empezaran las exigencias imposibles. Cuando uno se relaciona con ultranacionalistas de derechas lo más probable es salir escaldado. Si, además, se depende de ellos para gobernar, de forma democrática, un país de la UE, el reto se torna casi imposible.

A Puigdemont, que suba la electricidad y el transporte público deje de ser gratuito, le importa un comino. El vive «exiliado» en Waterloo. Lo que quiere es que vuelvan las empresas que salieron huyendo de Cataluña ante su ilegal declaración de independencia. Si para eso hay que chantajear a Madrid y obligar a Moncloa a penalizar las fugas, pues se hace.

Y como Sánchez no quiere mudarse, asegura estar dispuesto no a penalizar, que podría ser incluso inconstitucional, pero si a bonificar a las empresas que vuelvan a Cataluña otra vez, aún sabiendo que tanto Junts como ERC aseguran que lo volverán a intentar.

La «bonificación» se pagaría con la condonación de la enorme deuda que la Generalitat ha contraído con el Estado. Por lo que serían los ciudadanos de esos territorios, que van a perder a empresas que aportan riqueza y puestos de trabajo, los que acabarán pagando los incentivos por volver a «casa».

Por tanto, lo grave, lo realmente grave, es tener un Gobierno democrático rehén de una fuerza política a la que la legalidad vigente le importa un rábano y que, más temprano que tarde, tumbará la legislatura cuando le interese o no pueda exprimir más al Estado.

Si ya la debatida amnistía provoca serias dudas entre insignes constitucionalistas, la votación de ayer demuestra que solo era el principio y que instituir el miedo como clave del debate político es un juego intolerable.

Pero frente a este chantaje tampoco valen los atajos. Tanto desde el Gobierno como desde la oposición el eje de la acción debe basarse en el Estado de Derecho y no en propuestas peregrinas. Por ejemplo: la pretensión del PP de ilegalizar a quien convoque un referéndum no figura en la vigente Ley de Partidos. Feijóo ya ha dejado caer que se va a dar marcha atrás, que ha sido un calentón...

Más vale que se olvide de esta propuesta, que no deja de ser un copiar a Vox, pero sin querer «ajuntarse» con ellos, le ordene a su sucesor en Galicia que solicite ayuda al Estado para limpiar la costa de los pellets de plástico. Para que no tengan que ser, otra vez, los gallegos cesta en mano, los que limpien las playas. Que despropósito.

Ni chantajes intolerables ni gestión política ineficaz. Piensen en los ciudadanos que les pagan.