El Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara alcanzaron ayer, de forma provisional, un acuerdo sobre una ley europea orientada a la protección de las víctimas de demandas infundadas o procesos judiciales abusivos sustanciados en silenciar su trabajo, como activistas o periodistas. La norma tiene un carácter transfronterizo y faculta a los jueces a desestimar un caso en una etapa temprana. El acuerdo sobre las demandas estratégicas contra la participación pública (slapp, por sus siglas en inglés) tiene que ser homologado ahora por el propio Consejo y el Parlamento Europeo (PE). El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia del Gobierno de España, Félix Bolaños, después de afirmar que “nuestras democracias están en peligro cuando los ricos y poderosos pueden silenciar a los críticos en los tribunales solo porque hablan sobre asuntos de interés público”, declaró que con esta nueva Ley, “la Unión Europea defiende a periodistas y defensores de los derechos humanos contra casos judiciales infundados y abusivos”.
El uso de estas demandas para silenciar a personas que hablan sobre temas de interés público es un fenómeno creciente, por lo que la futura directiva europea establecerá garantías procesales contra este tipo de reclamaciones en asuntos civiles con implicaciones transfronterizas, como propuso la Comisión Europea en abril de 2022. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y su vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourová, enfatizaron también sobre esta directiva europea para contrarrestar las demandas abusivas a la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017 con un coche bomba después de publicar varias informaciones de casos de corrupción que señalaban al Gobierno de Malta.
Según dio cuenta el servicio Euroefe, las personas objeto de casos slapp se beneficiarán de una serie de garantías y protecciones procesales, como el poder pedir a un tribunal que desestime una demanda en una etapa temprana, de modo que si una reclamación se considera manifiestamente infundada, el juez puede decidir desestimarla en la fase más temprana posible del procedimiento y acelerar solicitudes como esta de los acusados. El tribunal también podrá exigir una garantía financiera a la persona o empresa que presente la reclamación abusiva para cubrir los costes de procedimiento judicial, incluidos los de la víctima, o decidir que la parte que inició el caso puede ser objeto de una pena u otras medidas igualmente efectivas. Otra novedad de la futura normativa es que estas demandas abusivas tendrán carácter transfronterizo salvo que, al menos ambas partes, estén domiciliadas en el mismo Estado miembro que el tribunal que se ocupe del caso y todos los demás elementos relevantes estén ubicados en ese Estado miembro.
Además, si una persona que vive en territorio de la Unión está implicada en un caso de demanda abusiva en un tercer país, los Estados integrantes de la UE deben negar el reconocimiento y la ejecución de esta sentencia si se considera manifiestamente infundada en el Estado miembro en cuestión. La norma preacordada también establece que, para apoyar a las víctimas de slapp, los Estados miembros deberán proporcionar, en un solo lugar, información sobre las garantías y recursos procesales. Para comprender mejor el alcance del fenómeno, los Estados miembros también recopilarán datos específicos disponibles sobre los casos slapp en los tribunales de sus países. Estos casos de demandas abusivas suelen ser iniciados por individuos poderosos, grupos de presión, corporaciones y órganos estatales, con el propósito de censurar, intimidar y silenciar a los críticos cargándolos con el coste de una defensa legal hasta que abandonen sus críticas u oposición. Las personas que suelen sufrir las “slapp” son periodistas y defensores de derechos humanos, aunque también suelen padecerlas individuos involucrados en la participación pública, como investigadores y académicos.
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