Los catalanes (perdón por la generalización) se han vuelto antipáticos y a su causa independentista siguen sumando rechazos, especialmente las formas y los gestos de la negociación, donde retumban tambores y clarinetes en medio de una refriega en la que no dejan muchos resquicios para la sensatez. Los catalanes lo quieren todo y ya no descansarán hasta que, con referéndum o sin él, se separen las aguas y el pueblo avance hacia la independencia soñada y ansiada, al menos por una parte del pueblo. Hasta va quedando atrás la madre de todas las controversias, la financiación de la que por ahora sigue siendo la Comunidad Autónoma de Catalunya, la nacionalidad mientras siga vigente del Estatuto de Autonomía. Últimamente, la Generalitat ha reiterado su eterno lamento: la financiación que recibe por parte del Estado en relación con los ingresos que generan los ciudadanos de la comunidad no sólo se sitúa por debajo de la media española sino que queda relegada en el ranking de recursos recibidos. Los datos de la liquidación del modelo de financiación correspondientes al 2021 (último disponible) sitúan a Catalunya como la tercera comunidad que más recaudación genera por habitante. Y en cambio, cuando el Estado lleva a cabo el reparto de esos recursos es la décima en ingresos otorgados. Catalunya aporta a las arcas estatales 3.153 euros per cápita pero recibe 2.848 euros. Es normal que las comunidades más ricas o desarrolladas como Catalunya aporten recursos para otras autonomías más pobres pero lo que la mayoría de economistas y estudiosos considera que debe mantenerse es el principio de ordinalidad, que se predica en virtud de la relación financiera entre comunidades autónomas, y según el cual una de éstas no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación entre comunidades. El objetivo es que aunque las comunidades más pobres reciban más recursos que lo que cooperan, en esa asignación no superen en el ranking a las que más aportan. Según el periódico La Vanguardia, la petición de Junts al Gobierno y al PSOE, tras la última negociación antes de la investidura de Pedro Sánchez, de que el Estado ceda a la Generalitat el cien por cien de los tributos que se pagan en Catalunya, pondría en grandes dificultades la financiación de la mayoría de autonomías si se llevara a cabo. En caso de que se creara un cupo catalán al estilo del que disfrutan País Vasco o Navarra, unos dos mil millones de euros con los que la comunidad catalana contribuye a financiar a otros territorios con menos recursos desaparecerían del sistema. Asistiríamos a un schock que pondría en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos en las autonomías peor financiadas.
Por otro lado, el acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el PSOE para facilitar el acceso de Sánchez a la presidencia implica que el Gobierno condone quince mil millones de euros de la deuda total de setenta y un mil trescientos seis millones que la administración catalana mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), o sea, el Estado asume como propio un 20 % del monto total de que la Generalitat le adeuda. En su conjunto, y con datos ya cerrados correspondientes a 2022, la Generalitat de Cataluña acumula una pasivo de 84.518 millones (el grueso con el FLA, pero también con entidades financieras), lo que representa una ratio de endeudamiento sobre su Producto Interior Bruto (PIB) del 33,4 %.
Los catalanes, pues, insatisfechos. La pregunta siguiente es: ¿qué ofrecen ellos?
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