El terrorismo etarra asesinó a casi mil personas durante muchos años y dejó de matar cuando quiso. No es cierto el relato de que fue derrotado por la democracia; el fin de la violencia fue una decisión estratégica de los terroristas, que consideraron más favorable para sus intereses y objetivos, y para su imagen, pasar a la fase de infiltración de las instituciones democráticas. Y en tiempo les ha dado la razón. Porque los demócratas de este país tenemos que asistir periódicamente a homenajes a etarras y manifestaciones multitudinarias a su favor en el País Vasco y hasta en Navarra, a beneficios penitenciarios para los que están en la cárcel, y a las actitudes desafiantes y burlescas de los que son llamados a declarar en sede judicial. A continuas humillaciones de las víctimas en definitiva. Y ETA y los etarras ni han pedido perdón ni colaboran en el esclarecimiento de más de trecientos asesinatos todavía sin resolver. En cuanto al terrorismo yihadista, el relato oficial y judicial les atribuye los atentados de Atocha de 2004, y en 2017 cometieron los de Barcelona. Y son continuas las noticias sobre detenciones de yihadistas radicaiizados preparados para atentar.

La sociedad española ha sufrido -y sufre- la ominosa presencia del terrorismo, una realidad sensible y dolorosa en su vida. Y esa realidad debería bastar para que nuestros políticos y gobernantes la abordaran desde el respeto y el apoyo a las víctimas. Sin embargo, Pedro Sánchez, en su enloquecida huida hacia adelante para mantenerse en el poder y cumplir las condiciones que le imponen Puigdemont y su gente, intentó cruzar esa última barrera e introdujo una enmienda en el proyecto de ley de amnistía que el ministro de la Presidencia y Justicia explicaba así: “Lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la Directiva europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda”.

Pero no es cierto que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía. La enmienda socialista reducía la excepción del terrorismo, de modo que solo quedaban excluidas de la medida de gracia las personas que “de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el Derecho Internacional Humanitario”. En otras palabras, Pedro Sánchez afirmaba que hay violaciones no graves de los derechos humanos, no manifiestas e indirectas, cuyos responsables sí serían amnistiados. ¿Y qué criterio deberíamos utilizar para distinguir unas violaciones de los derechos humanos de otras? Porque los demócratas no distinguimos, y condenamos cualquier violación de los derechos humanos. Los demócratas no suscribimos el terrorismo y las violaciones de los derechos humanos a la carta que contenía la enmienda socialista. Pero, a pesar de ello, Junts exige una amnistía integral de todo terrorismo y toda alta traición, y ha propiciado la derrota parlamentaria del proyecto de ley orgánica. Pedro Sánchez se lo piensa.