Algunas personas quizás recordarán haber leído, en este medio [el artículo fue publicado originalmente por la Fundación Espacio Público] y en algún otro, información sobre un hecho grave que tuvo lugar en la sierra de l’Albera de l’Empordà a principios de diciembre de 2023. Dos guardias civiles de paisano decidieron abalanzarse con su coche contra un grupo de manifestantes que cortaban de manera intermitente una carretera, mientras exhibían pancartas y repartían hojas explicativas cerca de Sant Climent Sescebes. Se trataba de una protesta ecologista, previamente comunicada y vigilada por Mossos d’Esquadra, en defensa del espacio natural y en contra de la instalación en aquella zona de aerogeneradores de grandes dimensiones.

Una mujer fue atropellada y resultó herida como consecuencia de la violencia irresponsable de los guardias civiles, que también lesionaron con su coche a un agente de Mossos d’Esquadra cuando intentaba pararlos. Los mossos corrieron detrás del vehículo, no identificado, que finalmente se detuvo cuando ya se encontraba a cierta distancia de los manifestantes. El conductor y su acompañante exhibieron placas pero se negaron a dejar ver claramente sus acreditaciones como miembros de un cuerpo de seguridad.

El coche fue fotografiado y la imagen captada se puso a disposición de los Mossos, pero la matrícula no constaba en el registro de tráfico. La entidad ecologista de l’Alt Empordà IAEDEN, algunas formaciones políticas y el propio Departament d’Interior de la Generalitat exigieron responsabilidades al Ministerio, se presentaron denuncias, se investigó y finalmente los guardias tuvieron que responder en un proceso de instrucción judicial.

La causa, sin embargo, ha quedado archivada. ¿Por qué motivo? El juez instructor y la Audiencia Provincial correspondiente decidieron negar la evidencia y dieron por buena la versión del abogado de los guardias, que resultó ser, mira por dónde, un individuo conocido por su larga e inconfundible trayectoria ultraderechista: José María Fuster-Fabra.

Poco importó a los jueces la realidad de lo que había ocurrido ante los ojos de decenas de personas. Dos años y medio después de aquellos hechos, la Sección Tercera (penal) de la Audiencia Provincial de Girona, en su resolución, desestimó el recurso interpuesto por IAEDEN y por las personas más afectadas por la agresión de los guardias, en contra del sobreseimiento provisional de la causa. Lo hizo con un texto desvergonzado en el cual se afirma que las diligencias practicadas sobre el atropello “no permiten acreditar que la conducción pueda ser calificada como temeraria” y mantiene que el coche que conducía uno de los guardias “circuló por el arcén, por donde no había gente”. ¿Diligencias? Una simple visita al punto de la carretera en la que se produjo la embestida permite ver que en aquel lugar no hay arcén de ningún tipo. Así se puso de manifiesto en declaraciones realizadas en el juzgado de Figueres donde Fuster-Fabra afirmó lo que el magistrado ha dado por cierto. “La conducción del guardia se ajustó en todo momento a las concretas circunstancias existentes, evitando poner en peligro la integridad de los manifestantes”, se dice en la resolución judicial, a pesar de la evidencia en sentido contrario. En la carretera había personas con pancartas, algunas de las cuales no tuvieron tiempo de evitar el golpe del coche de los agentes que arremetió para embestirlas.

Este caso no es anecdótico. Es relevante y significativo. Es del todo coherente con el comportamiento que mantienen magistrados de diferentes tribunales, entre ellos unos cuantos del Supremo y de la Audiencia Nacional. Y también lo es con las actuaciones sesgadas de la Guardia Civil. Ilustra........

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