El autor de esta columna analiza desde el prisma de los derechos humanos los argumentos a favor y en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro. Sostiene que se requiere que los países adopten una concepción política de los derechos humanos que funcione como base para la inclusión en la comunidad internacional. Lo anterior, eso sí, queda sujeto a una condición fundamental: entender que los derechos humanos no son un capricho de cada comunidad, sino las reglas mínimas para que podamos convivir y entendernos (…) Al ser las llaves que nos permiten participar en la mesa de la democracia, estos derechos actúan como un límite que ninguna comunidad política -mucho menos un líder poderoso o una mayoría circunstancial- puede saltarse; pues si rompemos esas reglas, simplemente dejamos de ser una sociedad democrática».

Créditos imagen de portada: Cristofer Devia / Agencia Uno

La captura de Maduro ha dejado una sensación extraña en muchos de nosotros. Quien haya tenido contacto con inmigrantes venezolanos o conozca los informes de la misión independiente de la ONU -desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales- junto al fraude electoral del año pasado, difícilmente puede no alegrarse ante la caída del dictador. A su vez, la reciente liberación de rehenes políticos parece ratificar un cambio definitivo en el régimen venezolano.

Sin embargo, que la mayor potencia militar del mundo haya actuado de forma unilateral, sumado a los inquietantes discursos posteriores de Trump centrados en el control del petróleo venezolano, nos sitúa en un desconcierto que ha marcado el debate público: no sabemos bien si celebrar o condenar.

Frente a cada argumento jurídico o moral que condena el actuar de Trump surge otro, aparentemente igual de válido, que deja la discusión en una suerte de empate.

Entre quienes condenan la acción de EE. UU., la argumentación fluye desde la justicia y el derecho. Ellos sostienen que la captura del jefe de Estado viola cuestiones valiosas, como la igualdad soberana, el principio de no intervención y la prohibición del uso de la........

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