Los autores de esta columna comentan los hallazgos de su trabajo «La expulsión de los viejos. La edad como causal de cese de funciones públicas», luego de un recorrido histórico y usando la Ley de Transparencia para concluir que el límite de 75 años para los funcionarios públicos no tiene fundamento técnico. Sostienen que «de esta forma, el Estado chileno asume el papel de portaestandarte de la exclusión social, negándose a darse por enterado de las cifras que revelan que nuestro país se acerca a una tormenta perfecta en la cual harán de las suyas la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la expectativa de vida (…) En un contexto de creciente envejecimiento demográfico, seguir desvinculando personas por su edad sin considerar su funcionalidad real es económicamente injustificado, sin perjuicio de las objeciones jurídicas que merece desde el punto de vista de nuestro derecho interno y del derecho internacional».

Créditos imagen de portada: Karl Chinga / Agencia Uno

Desde su origen en la Constitución Política, numerosas reformas constitucionales y disposiciones legales han establecido una edad máxima para desempeñar ciertos cargos públicos, por regla general los 75 años.

La evolución de esa medida produjo hace tiempo la ruptura del marco que la motivó, cual era simplemente establecer una contrapartida a la inamovilidad de los jueces garantizada en la propia Constitución, pero que alcanzará el punto culminante de su desborde en menos de un año, porque está previsto que el 1 de enero de 2027 entre a regir el artículo 90 de la Ley N° 21.724, de 3 de enero de 2025, que dispone el término de los servicios de todos los funcionarios públicos que cumplan 75 años de edad y pertenezcan a instituciones acogidas al beneficio de incentivo al retiro.

En un trabajo que se presentará oficialmente el 15 de este mes (“La expulsión de los viejos. La edad como causal de cese de funciones públicas”, Editorial Hammurabi) demostramos que, ni el establecimiento del límite de edad en los........

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