Acabe quien acabe pagando la factura más alta, de momento solo hay perdedores en la debacle financiera nuclear británica anunciada en Hinkley Point. El grupo estatal francés EDF ha anunciado un nuevo retraso en la entrega de una central nuclear que debía suministrar electricidad el año pasado y ahora no lo hará hasta 2029 en el mejor de los casos. Y un proyecto que se presupuestó en menos de 26.000 millones de libras allá por 2015, cuando se empezó a invertir en serio, puede acabar costando entre 31.000 y 35.000 millones de libras a precios de 2015, 46.000 millones (54.000 millones de euros) a precios de hoy.
París y Londres han empezado a regatear sobre cómo compartir el coste del fiasco. Según el contrato original, recaerá mayoritariamente en EDF, ahora propiedad al 100% del Gobierno francés. Pero Londres tendrá que esperar unos años más antes de que Hinkley Point C, como se conoce el proyecto, pueda empezar a contribuir al objetivo británico de descarbonizar su sistema eléctrico para 2035. Según la Nuclear Industry Association, el proyecto debía cubrir hasta el 7% de la demanda eléctrica del Reino Unido, suficiente para 6 millones de hogares. El Gobierno británico tendrá ahora que modificar en consecuencia sus planes para la combinación energética del país.
Las razones del naufragio financiero de Hinkley son bien conocidas. Las centrales de supuesta “nueva generación” de EDF han sufrido retrasos y sobrecostes en Finlandia y en la propia Francia. La reanudación de la construcción de centrales nucleares hace 10 años se produjo, en ambos países, tras décadas en las que la experiencia y los conocimientos para construir centrales nucleares habían caído prácticamente en el olvido.
Pero, sobre todo, Hinkley se apoyaba en una financiación inestable. Por razones políticas, el Gobierno británico de entonces quería que el proyecto se financiara sin dinero público. Eso significa que un proyecto que podría haberse financiado con préstamos a un tipo de interés en torno al 2,5% –el rendimiento pertinente de los bonos del Estado británico en octubre de 2013, cuando se anunció el contrato– acabó siendo financiado por EDF a más del 9%. La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido estimó en 2017 que la financiación estatal habría permitido que los costes de construcción se sobrepasaran entre un 400% y un 600%, sin dejar de ser coherentes con los costes del acuerdo que Gran Bretaña acordó originalmente con el contratista francés.
Los retrasos y los sobrecostes son un riesgo inherente a la industria nuclear, agravado por la dificultad de prever los precios de la energía, que dicta si la potencia resultante es competitiva. Otro planteamiento de financiación, que el Reino Unido ha adoptado en una central independiente llamada Sizewell C, consiste en que los Gobiernos asuman una participación plena en el proyecto y lo financien mediante una tasa preventiva en las facturas eléctricas de los consumidores.
Sea cual sea la forma que elijan para financiar sus centrales nucleares, la dependencia de los Gobiernos del producto final siempre será vulnerable al peligro de que los contratistas –nacionales o extranjeros– no cumplan sus promesas. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía acaba de señalar que la generación de energía nuclear alcanzará un máximo histórico en 2025, y más de 20 países se comprometieron en la conferencia sobre el clima COP28 celebrada en Dubái (Emiratos Árabes) el mes pasado a triplicar los 370 gigavatios de capacidad nuclear para 2050. La mayoría de estas centrales estarán en China e India, donde los Gobiernos serán menos exigentes respecto a la financiación estatal. Dados los problemas a los que se han visto abocados los Gobiernos occidentales al intentar estar al plato y a las tajadas, puede que sea mejor así.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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