El desafío fiscal que ha lanzado la Generalitat catalana al Gobierno central al reclamar un modelo de financiación similar al cupo vasco –con la cesión del 100% de los tributos– no constituye una cuestión privativa de Cataluña ni puede plantearse como un debate bilateral, porque implica poner en jaque la viabilidad del modelo de financiación autonómica y afecta, por tanto, al conjunto del país. Con los números sobre la mesa, la propuesta catalana implica restar cada año más de 20.000 millones de euros a la financiación de las comunidades autónomas, cerca de un 20% del total de los recursos de los que se nutre el sistema, lo que equivale a abrir una vía de agua de dimensiones insostenibles no solo para mantener las competencias propias de las comunidades, sino también para financiar las que son exclusivas del Estado, como la defensa, la representación exterior o la inversión en otros territorios.

En términos históricos, la ausencia de un sistema de concierto fiscal en Cataluña similar al del País Vasco no responde a una decisión arbitraria o a un agravio comparativo, sino al rechazo por parte de las autoridades catalanas del momento a ese modelo de financiación singular en los albores del debate constitucional frente a la posibilidad de alcanzar una mayor influencia política bajo el régimen común. Pese al argumento, largamente reiterado, de la presunta afrenta comparativa que el modelo actual supone para la comunidad autónoma, los datos identifican a Madrid, Cataluña y Baleares como las tres comunidades españolas que actúan como aportadoras netas al sistema –es decir, que dan más de lo que reciben– pero no es en absoluto Cataluña, sino Madrid, la que soporta una brecha mayor.

El discurso político del presidente Pere Aragonés, salpicado de referencias a la “justicia” y a la ausencia de “privilegios” respecto a otras regiones de España, supone negar la radiografía tercamente objetiva que dibujan las cifras fiscales de la comunidad, lastrada por una deuda que equivale al doble de su presupuesto anual, unos costes financieros desmesurados y agravados por el alza de los tipos de interés y una dependencia que se ha hecho casi endémica a los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica de 2012.

La reivindicación de la Generalitat supone, en último término, quebrar de forma radical el principio de contributividad, que se basa en que no son los territorios, sino los ciudadanos, los que pagan los impuestos, y abrir una puerta cuyo recorrido en la actual coyuntura política resulta muy arriesgado calcular. Aunque la reforma del sistema de financiación autonómica es una asignatura pendiente, su ejecución atañe a todas las comunidades autónomas y debe articularse en el marco constitucional y bajo los principios de justicia y solidaridad.

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