La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, afloraba esta semana su primer paquete accionarial en Telefónica, al superar el 3% del capital de la operadora. Es más, el mercado asumía el miércoles que la entidad estatal manejaba ya otro 2% en derivados financieros, lo que dejaría la cuota pública en la teleco que preside José María Álvarez-Pallete en el entorno del 5%, la mitad del plan del Ejecutivo. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, confirmaba el miércoles la información publicada por CincoDías, según la cual, la financiación de la iniciativa se realizará en su totalidad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por mucho que las cuentas públicas se encuentren prorrogadas.

El proceso obliga al Gobierno a operar con máxima cautela. Desde el principio, pareció razonable que, ante la irrupción de la saudí STC en Telefónica, el Gabinete de Pedro Sánchez moviera ficha para preservar la españolidad y el control de una compañía estratégica en ámbitos tan sensibles como la seguridad de las comunicaciones. Sin embargo, es clave minimizar el coste para el contribuyente de adquirir esa participación, lo que requiere moverse con diligencia en el mercado. No por casualidad, la portavoz, Pilar Alegría, dejó claro el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la intención del Ejecutivo es completar la compra “lo más rápido posible”. Así debe ser. La cotización de Telefónica respondió con moderadas alzas al primer movimiento del Gobierno, que no debería alargar mucho el episodio.

Una vez aquilatada la adquisición, convendría igualmente plantearse cómo se acomete la gobernanza de una participación que convierte el Estado en primer accionista de Telefónica. En la medida en que la vocación gubernamental es ahondar en las políticas de protección de las empresas españolas estratégicas –con la problemática de Talgo también sobre la mesa y otras participaciones como la de Indra ya en el acervo público–, es impresindible caminar hacia una gestión rigurosa de lo que será un holding industrial solo comparable en el ámbito privado al que controla CriteriaCaixa. El primer revés, véase la imposibilidad por plazos de reclamar presencia en el consejo de administración de la teleco en la próxima junta general de accionistas, es comprensible en este punto por lo ajustado de los tiempos, pero no debe repetirse. Sea bajo el paraguas de la SEPI o dentro de cualquier otra fórmula, el compromiso adquirido requiere respuestas profesionales a la altura del desafío.

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