Una investigación publicada en abril de este año identificó 710 denuncias y procesos sancionatorios contra la industria salmonera chilena. Lejos de tratarse de episodios aislados, los antecedentes muestran un patrón persistente de incumplimientos regulatorios y ambientales que se ha extendido por años.

El listado de infracciones es conocido: sobreproducción sistemática en centros de cultivo; operación de instalaciones sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuando correspondía; entrega de información falsa o incompleta a la autoridad sobre mortalidades y morbilidades; incumplimientos en los programas de monitoreo ambiental; daño al fondo marino, contaminación y sobrecarga orgánica de los ecosistemas donde opera; y, en general, una alta resistencia al cumplimiento, excesiva litigación contra su fiscalización y la extrema judicialización de las sanciones impuestas por la autoridad competente, cuando eso ocurre.

Pero hay un dato que vuelve este escenario aún más preocupante: cerca del 30% de las infracciones ambientales de la salmonicultura se concentran en áreas protegidas, espacios que existen precisamente para resguardar un patrimonio natural que pertenece a todos los chilenos.

Pese a ello, el Ejecutivo........

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