Otro round ha terminado. La acusación constitucional al exministro de Hacienda Nicolás Grau fue rechazada en el Senado, con algunos votos de derecha ¿Qué ganó la política? Nada. ¿Qué ganó el país? Menos que nada. Fue la repetición de un tipo enfrentamiento que parece ser jugado para uso y consumo exclusivo de la clase política, erosionando el profundo significado de dicho instrumento republicano.

La acusación constitucional nació para las horas graves de la República, no para corregir declaraciones desafortunadas, castigar torpezas administrativas ni cobrar cuentas políticas al adversario de turno. Es un instrumento mayor, de envergadura institucional, pensado para hacer efectiva una responsabilidad excepcional, como lo es la infracción de la Constitución o de las leyes, notable abandono de deberes, vulneración grave de derechos o conductas incompatibles con la función pública. Considerables faltas políticas que escapan a una sanción penal o civil.

No fue creada para reemplazar el debate político, la crítica o interpelación parlamentaria, y ni menos el juicio ciudadano en las urnas. Sin embargo, en los últimos años se ha venido convirtiendo en una suerte de artillería de uso corriente, disponible en el menú del Congreso para dispararla apenas se juntan diez firmas, una minuta apurada y un buen titular de prensa.

Las cifras ayudan a esclarecer esa aseveración. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se registró una intensa utilización de este mecanismo, incluyendo dos acusaciones constitucionales dirigidas contra el propio Presidente. Una en 2019, por su actuación durante el estallido social y las violaciones de derechos humanos, que naufragó tempranamente en la Cámara al acogerse la cuestión previa. Y otra en 2021, vinculada al caso Dominga/Pandora-Papers, que sí avanzó mucho más lejos, fue aprobada por la Cámara y terminó rechazada en el Senado al no alcanzar el quórum requerido.

En el gobierno de Gabriel Boric, por su parte, la oposición convirtió también la acusación constitucional en recurso frecuente contra autoridades del Ejecutivo. Siches, Jackson, Ríos, Ávila, Montes, Tohá, Maya........

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