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Sin sanciones, mejores salarios

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En el debate contemporáneo sobre el desarrollo, la justicia social y el derecho internacional, existe un consenso cada vez más evidente entre los pensadores críticos del sur global: la soberanía económica no es solo un principio abstracto, sino la condición material indispensable para garantizar los derechos laborales y humanos de los pueblos.

En el caso específico de Venezuela, las medidas coercitivas unilaterales (MCU), eufemísticamente denominadas "sanciones" por Washington, han operado como un mecanismo sistemático de desestabilización diseñado para socavar la capacidad del Estado nacional de gestionar sus recursos soberanos.

Lejos de constituir simples restricciones diplomáticas, estas acciones representan un bloqueo financiero y comercial integral que ha impactado de manera directa en el corazón de la economía doméstica: el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Para comprender la relación directa entre la remoción de las sanciones y la recuperación salarial, es necesario analizar la arquitectura del modelo rentista venezolano y cómo este fue deliberadamente atacado.

La economía nacional dependía fundamentalmente de la exportación de hidrocarburos a través de PDVSA, cuyos ingresos financiaban tanto la inversión social como el gasto público corriente, incluidos los tabuladores salariales del sector público y las políticas de protección social.

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