Vecinos del edificio ubicado en la calle República de Cuba 11 marcharon acompañados de colectivos en defensa del derecho a la vivienda hacia el Congreso de la Ciudad de México para entregar una iniciativa de protocolo para los desalojos que al día de hoy se realizan entre opacidad y violencia por falta de regulación.

Entre consignas como “vecino callado será gentrificado” y “queremos vivienda”, activistas e inquilinos afectados realizaron un cierre del Congreso para compartir sus testimonios y que se recibiera el documento en el que se pide reformar la Constitución y normas secundarias para garantizar que los habitantes de la Ciudad de México “no se queden sin vivienda” y “evitar injusticias como en el caso de Cuba 11”.

Frente al recinto legislativo, vecinos de este inmueble —quienes impulsan la reforma— reclamaron a los diputados que no se han aprobado normas para regular los desalojos, por lo que acusaron que hay una “evidente cooptación inmobiliaria y del crimen alrededor de la vivienda”.

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“No tener garantías legales reales frente a desalojos permite disfrazar despojos, atenta contra la propiedad, la vivienda y la vida de las personas”, expresaron.

Rocío, vecina de Cuba 11 que participó en la manifestación, expuso que llevan cinco meses en resistencia, pernoctando en un campamento improvisado donde adultos mayores y niños han tenido que aguantar lluvia y frío “debido a un fraude procesal”, y aclaró que no están pidiendo que les regalen vivienda, sino que les permitan adquirir con crédito social los departamentos que habitaron desde hace décadas.

Santiago, vecino de Mar Blanco, Miguel Hidalgo, donde también fueron desalojados de forma irregular, reclamó que aunque las autoridades les han prometido solución y les han dado apoyos en tanto se resuelve su situación, “esos son solo paliativos, porque 4 mil pesos para renta no es algo realista en la burbuja inmobiliaria que ellos mismos han inflado”.

La iniciativa entregada pide que se realicen cambios a la Constitución de la Ciudad de México, al Código Civil, la Ley Registral, así como la que regula el turismo, ante el hecho de que “cada año existen despojos encubiertos de desalojos, donde al revisar los documentos de regularización de las propiedades se evidencia un posible fraude procesal”.

“Lo anterior coloca en estado de vulnerabilidad a cualquier persona poseedora o habitante de un inmueble por algún contrato de arrendamiento o incluso de compraventa, por lo que cualquier persona podría sufrir un desalojo arbitrario”, advierte el texto.

Para evitarlo, exigen que por un asunto de justicia social ningún habitante de la capital se quede sin vivienda, que se eviten desalojos como el de Cuba 11, garantías previo a este tipo de acciones legales y que se garantice la asequibilidad de los espacios habitacionales.

También establece que se asegure el adecuado realojamiento de personas desalojadas “en un radio que les garantice el derecho al arraigo”, es decir, que sea un lugar dentro de la misma unidad territorial o colonia, además de que para observar la legalidad de la salida de las personas de los inmuebles se encuentre presente personal de Derechos Humanos.

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En el caso de los desalojos que no cumplan con los requisitos en el marco de la legalidad, piden que sean considerados como despojos y que se castiguen con cárcel de 10 a 20 años.

Los impulsores de la iniciativa exigieron a los legisladores “que rompan el pacto inmobiliario”, y afirmaron que “no actuar en consecuencia es complicidad”. Por ello les pidieron asumir la iniciativa como propia y acelerar su aprobación.

Ella era una mujer que parecía tenerlo todo: una crianza privilegiada, una buena educación y un amplio círculo de amigos.

Pero Jasveen Sangha guardaba un oscuro secreto que, según algunos de sus........

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