Hoy quiero referirme a ese mundo de requisitos que cualquier ciudadano debe cumplir para la resolución de un asunto en la administración pública. Se trata de lo que llaman “trámites” para cumplir u obtener una medida, providencia o respuesta con relación a un asunto en la esfera administrativa, pero que se ha convertido en una suerte endemoniada del burocratismo o exceso de trámites o papeleo que complican la relación del ciudadano con la administración pública porque retrasan la solución del caso e irritan a la gente y, algo más grave, el trámite hoy en día se convierte en una fuerza enigmática que incentiva la corrupción, es decir, nos llega con ese “algo” oculto que luego se resuelve con el cohecho o soborno, o tal vez con la concusión. Por ejemplo, cuando se trata de diligencias en notarías y registros, o ante el Seniat, la gente sufre por esa fuerza enigmática de los trámites que se resuelve en corrupción.

No olvidemos aquel llamado del presidente Chávez a los funcionarios públicos para que simplificaran los trámites y no dificultaran con retrasos o negativas innecesarias la solución de los asuntos de la gente. Pero no le hicieron caso a ese llamado preocupante, situación que también ha planteado el presidente Maduro, y sin embargo esos funcionarios continúan complicando a la administración pública y agravando el problema con trámites y más trámites que cada día les impone el burocratismo a los ciudadanos.

Hace poco me enteré que el Saren (Servicio Autónomo de Registros y Notarías) decidió simplificar los trámites. Ojalá se haga realidad y toda solicitud tenga respuesta de acuerdo a la Constitución. Les cuento que para registrar el acta de asamblea de una pequeña empresa me llevó un año y entre las cosas más sorprendentes está la revisión que ellos llaman “hoja de ruta” que se le hace al documento para su registro mercantil. “Tramitar” ese registro de acta significó pasar por la revisión de 7 funcionarios, en este orden: funcionario de presentación, funcionario distribuidor, abogado revisor, funcionario de prohibiciones, jefe de servicio, funcionario de otorgamiento y, finalmente, registrador titular. Un “no” de cualquiera de ellos impide registrar. ¿Qué les parece esa “fundamental vaguedad” de registro de una simple acta? ¿Qué les cuesta simplificar los trámites? Es una cuestión de funcionamiento del Estado. Piensen en lo que dijo Chávez.