La declaración de Alberto Núñez Feijóo en calidad de testigo ante la juez de Catarroja, por los mensajes intercambiados con el presidente de la Generalitat Valenciana los días 29 y 30 de octubre de 2024, es un acto procesal legítimo que a su vez reactiva una pregunta incómoda y esencial; ¿dónde debe residir el centro de gravedad de una investigación que busca esclarecer responsabilidades en una catástrofe de índole nacional? La respuesta, en una democracia madura, debería ser inequívoca: en quienes tenían el poder legal y los instrumentos para decidir y actuar. Y ese poder, en el nivel máximo, no residía en la oposición.

Feijóo ejerce, constitucionalmente, la fundamental labor de jefe de la oposición y de alternativa real de gobierno. Su función es el control, la propuesta, la alerta. Es un actor indispensable para el equilibrio democrático, pero carece por completo de capacidad ejecutiva o de mando sobre los recursos del Estado en medio de una emergencia. Sus mensajes, sus gestiones, pueden ser objeto de interés contextual, pero no pueden —no deben— convertirse en el eje de un proceso que pretende juzgar la eficacia de la respuesta a una tragedia. Que la figura de quien sólo podía alertar ocupe portadas, mientras la sombra de quienes tenían la obligación suprema de actuar permanece en zona de penumbra, es un riesgo grave.

Porque el reparto........

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