La reciente apertura de una investigación a la Comisión Europea por parte de la oficina de la Defensora del Pueblo Europeo (Emily O’Reilly) acerca de la concesión de una excepción a la Directiva 2019/944, que regula la competencia en los sistemas eléctricos, ha puesto de nuevo sobre la mesa la cuestión de la transparencia, la legalidad y las mejores prácticas en la gestión de proyectos estratégicos. El caso de Chira-Soria, la controvertida planta hidroeléctrica reversible en Gran Canaria, es el epicentro de un debate que pone en evidencia las carencias de las administraciones tanto locales como nacionales y europeas en sus deseables esfuerzos por garantizar la libre competencia y la máxima eficiencia en la transición energética.

El proyecto, que originalmente fue adjudicado en 2011 a Endesa mediante un proceso de concurrencia competitiva, ha experimentado una serie de cambios que suscitan serias dudas sobre su idoneidad y necesidad real. En 2013, el ministro José Manuel Soria (PP) asignó el proyecto directamente a Red Eléctrica de España (REE), sin convocar un nuevo proceso competitivo, algo que ya debería haber levantado sospechas. En 2015, Endesa se vio obligada a ceder la concesión a........

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