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A poca gente le gustan los conflictos. El venezolano promedio está convencido de que «hablando se entiende la gente», una noción cimentada entre nosotros por la cultura petrolera. A todos nos gustaría que la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos regresaran al país con los menos traumas posibles, a partir de un pacto de caballeros entre los distintos actores. Sin embargo, el reciente anuncio del cierre de la oficina técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas ratifica, una vez más, la poca voluntad política de Miraflores para honrar los compromisos adquiridos.

En noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan, realizó una visita oficial a Caracas. En un movimiento audaz convocó a una rueda de prensa, acompañado por Nicolás Maduro, para realizar un anuncio a dos bandas: el inicio formal de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y la firma de un acuerdo de trabajo con las autoridades venezolanas.

Hasta ese momento, la coalición dominante había sido cautelosa en su relación con la CPI, y tenía buenas razones para ello. A diferencia de otros organismos internacionales de derechos humanos —cuyas funciones oscilan entre supervisar, investigar, documentar, recomendar o sugerir mecanismos de reparación—, la CPI es un tribunal que puede investigar, imputar, emitir órdenes de arresto y juzgar personas individuales por crímenes........

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