La hora de un acuerdo nacional en Venezuela, por Leopoldo Martínez Nucete

El país enfrenta una transición condicionada o tutelada por los Estados Unidos y por el oficialismo.

Siempre estuve en desacuerdo con las sanciones económicas —generales o sectoriales, como las impuestas por EEUU en el caso venezolano—, aun siendo un opositor firme del autoritarismo que se consolidó en el país.

No por ingenuidad frente al poder, sino por una lectura histórica: este tipo de medidas rara vez desplaza a las élites gobernantes, pero sí castiga con severidad a las sociedades. Eso fue lo que ocurrió, aun cuando con sus bemoles. El poder se adaptó, no cayó; pero el país sí.

La élite gobernante resistió las sanciones económicas, y terminó preservándose, incluso en escenarios de máxima presión externa y después de los acontecimientos del 3 de enero de 2026.

Ahora se encuentra sin Nicolás Maduro a la cabeza, pero bajo una fórmula de encargaduría que se sostiene tanto en el reconocimiento de EEUU —particularmente de Donald Trump— como en una interpretación controvertida de la Sala Constitucional del TSJ sobre las normas que rigen las ausencias presidenciales.

Dicha interpretación la califica como forzosa o indeterminada, evitando así activar los mecanismos constitucionales que obligarían a convocar elecciones en caso de la falta absoluta del presidente.

Al mismo tiempo, las sanciones aceleraron el colapso de una economía ya profundamente deteriorada por la corrupción y políticas económicas sin sentido, reduciendo la renta petrolera y profundizando la crisis.

El resultado de todo este recorrido ha sido devastador: una contracción económica sin precedentes en tiempos de paz, una sociedad empobrecida y un éxodo masivo.

Entre los datos más duros conocidos esta semana —presentados por la propia presidenta encargada Delcy Rodríguez— destaca que el país registra hoy más pensionados que cotizantes al sistema, reflejo de una profunda distorsión del mercado laboral en un contexto marcado por la migración de más de ocho millones de venezolanos.

Entre los datos más duros conocidos esta semana —presentados por la propia presidenta encargada Delcy Rodríguez— destaca que el país registra hoy más pensionados que cotizantes al sistema, reflejo de una profunda distorsión del mercado laboral en un contexto marcado por la migración de más de ocho millones de venezolanos.

A ello se suma una economía donde las remesas han adquirido un peso estructural: no solo han alcanzado niveles históricamente altos, sino que se han consolidado como una de las principales fuentes de divisas.

Incluso compiten en importancia con sectores tradicionales como el petrolero en determinados momentos recientes, todo ello en un contexto en el que esos ingresos habían mermado y los descuentos que se aplicaban para colocar el crudo en mercados internacionales (principalmente a China) bajo el régimen de sanciones.

Se ha llegado al penoso resultado de que el petróleo vendido ahora a precios de mercado por EEUU es retenido en cuentas mantenidas por la Secretaría del Tesoro, sin libre disponibilidad para el gobierno encargado en Venezuela.

Esto es consecuencia de la terrible reputación acumulada por los protagonistas encargados de gobernar al país, en el preámbulo de una posible transición. Pero esa discusión, siendo necesaria, ya no es suficiente.

Hoy el desafío no es explicar el fracaso, sino asumir la realidad. Y esa realidad —compleja, incómoda— apunta a una transición que no nace de una ruptura, sino de una recomposición política condicionada, con un papel determinante de EEUU y con el oficialismo heredero del chavismo como actor central.

Ese dato no puede ignorarse. Debe gestionarse. Es difícil desconocer que buena parte de lo que está ocurriendo o en pleno desarrollo responde a entendimientos previos con EEUU. Ese marco condiciona el proceso y define sus límites.

Ahí radica el principal riesgo. Una transición definida sin consensos amplios en el país, difícilmente podrá sostenerse o derivar en un gobierno legítimo y sustentable. Más aún, un nuevo fracaso no podemos permitirlo. El país y nuestra gente merecen más de sus liderazgos.

Pero hay un segundo riesgo. Tampoco puede pensarse el futuro bajo un entramado de licencias —decididas por el Gobierno de EEUU, a su exclusiva discreción y otorgadas a ciertos intereses privados— que condicione la soberanía a actores energéticos, mineros o corporativos.

Se trata, en muchos casos, de inversiones bajo la figura de acuerdos de interés nacional cuyos términos permanecen desconocidos y que no han sido autorizados como tales por la Asamblea Nacional, conforme al mandato constitucional, más allá de que reformas legislativas recientes hayan abierto la posibilidad de estos esquemas.

Cada acuerdo de interés nacional —y, de manera especial, aquellos relativos a hidrocarburos y minería— debe ser conocido por el país y aprobado por el poder legislativo. Esas inversiones pueden ser necesarias, incluso urgentes. Pero no pueden sustituir la definición política del rumbo nacional.

Cada acuerdo de interés nacional —y, de manera especial, aquellos relativos a hidrocarburos y minería— debe ser conocido por el país y aprobado por el poder legislativo. Esas inversiones pueden ser necesarias, incluso urgentes. Pero no pueden sustituir la definición política del rumbo nacional.

Necesitamos construir una transición legítima que desemboque en una sociedad democrática, no en una nueva forma de dependencia. De ahí la urgencia de un acuerdo nacional que incorpore no solo al poder existente, sino también a quienes representan su alternativa democrática, junto a la sociedad civil y el sector privado.

Solo así podrá comenzar a recuperarse lo esencial: la soberanía que reside en los venezolanos. Ese acuerdo exige dos decisiones. La primera, abrir un proceso de diálogo serio —sin ingenuidad— basado en garantías verificables que permitan construir confianza en un contexto inevitablemente frágil.

La segunda, articular una posición nacional que permita el levantamiento progresivo de las sanciones, vinculado a avances concretos en la reconstrucción institucional: independencia judicial, un sistema electoral creíble, fortalecimiento de los órganos de control, autonomía del banco central y una ruta electoral clara y acordada.

Esta tarea no puede agotarse en el enunciado. Es necesario imaginar y acordar quiénes encabezarán ese indispensable arreglo institucional, a quiénes confiar esa responsabilidad en el marco de los acuerdos, y hacerlo sin permitir que quienes la asuman sean víctimas de linchamiento político, precisamente por ser expresión de ese acuerdo.

Sin incentivos no habrá reformas. Pero sin reformas, cualquier alivio carecerá de legitimidad.

Venezuela no puede seguir atrapada entre dos fracasos: el del autoritarismo que destruyó las instituciones y la economía y el de una estrategia internacional que, al intentar forzar su caída, terminó profundizando el colapso socioeconómico y abriendo el capítulo de un nuevo tutelaje.

Venezuela no puede seguir atrapada entre dos fracasos: el del autoritarismo que destruyó las instituciones y la economía y el de una estrategia internacional que, al intentar forzar su caída, terminó profundizando el colapso socioeconómico y abriendo el capítulo de un nuevo tutelaje.

Somos una nación forjada con enorme orgullo por su soberanía y que logró construir años de prosperidad con base a ello en momentos críticos y anteriores a los últimos 27 años. La transición que se abre es imperfecta, condicionada, incluso incómoda. Pero es una oportunidad.

*Lea también: Las líneas rojas de la sociedad civil venezolana, por Rafael Uzcátegui

Aprovecharla exige realismo, claridad y una decisión colectiva de anteponer el país a cualquier otra consideración. Porque después de años de confrontación estéril, la pregunta ya no es quién tenía razón. La pregunta es si estamos dispuestos, finalmente, a reconstruir Venezuela.

Leopoldo Martínez Nucete es abogado internacional y exdiputado venezolano. Es fundador del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) y se desempeñó como consejero senior del Departamento de Comercio de EEUU durante la administración de Joe Biden.

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