Entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hay preocupación por la ejecución de la inminente elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación en junio de 2025; hay molestia además -me dicen- por la indefinición de avanzar en su organización y el eventual costo para la credibilidad del organismo ante la ciudadanía.

Me comentan que el INE vive en la incertidumbre pues los tres consejeros de la comisión que organizará la elección del Poder Judicial -integrada por los consejeros Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López, vistos internamente por otros consejeros alineados con la 4T- están de manos atadas ante la cascada de amparos que tiene suspendido el proceso.

Vaya, los consejeros no pueden avanzar en esta comisión en el plan integral para organizar esa elección extraordinaria, ajustar la operatividad del INE a los preceptos que marca la legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial en cuanto a elección de personas juzgadoras, ver presupuesto ni funciones… es más, no pueden ni reunirse para estudiar el tema.

En el INE esperan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie y resuelva en breve, pero anticipan un encontronazo con sectores del propio Poder Judicial de la Federación que se oponen a la elección de las personas juzgadoras.

El pasado jueves, el consejero Montaño, presidente de la comisión temporal, advirtió que la comisión especial será prudente en no violar los mandatos impuestos desde los tribunales. “Estamos siendo respetuosos y prudentes en cuanto al manejo que vaya a tener esta comisión. El sentido de este recurso es que no haya actos encaminados con respecto a este (proceso)”.

Fuentes consultadas por este columnista al interior del INE me confiaban que la........

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