En los Poderes Judiciales de los estados, me dicen, crece aceleradamente la incertidumbre y el enojo ante una eventual aprobación de la iniciativa presidencial para reformar el aparato de impartición de justicia federal, pues en caso de ser aprobado deberá ser replicado por las 32 entidades del país.

Así, de consumarse el golpe al Poder Judicial de la Federación con la aprobación en el Poder Legislativo de la iniciativa del presidente López Obrador —en la que los ciudadanos elegirán en las urnas a mil 437 jueces y magistrados federales y desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal— los 32 congresos locales deberán ajustar su legislación para empatarla con la federal.

Con todos los negativos que se han esbozado en torno al modelo del Poder judicial que empuja a rajatabla la 4T y que van desde no garantizar conocimientos de los impartidores de justicia hasta una parcialidad militante con el régimen, de llevarse a local habrán de elegirse en las urnas a 5 mil 25 jueces y magistrados estatales que hay en el país.

Si en el ámbito federal está complicado todo este tema por diversos factores, entre ellos las presiones de grupos de poder fáctico, hay que entender que en lo local esas presiones —ya sea el crimen organizado o entes de poder económico y social— pueden hacer más vulnerable la impartición de justicia tras la elección.

En Palacio Nacional, me confirmaron anoche, la reforma al Poder Judicial de la Federación va sí o sí… no hay marcha atrás. Y esperan que para el primer trimestre de 2025 el Constituyente Permanente avale los cambios a la Constitución; entonces los Congresos........

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