En medio de la fiebre por los Juegos Olímpicos de París 2024 y el crack financiero global, en México la 4T y la oposición —enfundada en camiseta de sociedad civil— se han enfrascado en una dura pelea por ganar la opinión pública en torno a la cláusula de gobernabilidad (y la sobrerrepresentación) en la integración de la próxima Legislatura del Congreso de la Unión.

Hace un par de semanas comentábamos en este espacio sobre la orden que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus principales operadores para que defendiera a ultranza ante el INE y el TEPJF la posición que daría a Morena y sus aliados una mayoría infranqueable que garantizaría la aprobación de las últimas iniciativas presidenciales.

Anoche me comentaban en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que será hasta que el Instituto Nacional Electoral defina la distribución de diputados y senadores plurinominales —y que eventualmente un actor político o social recurra esa decisión— cuando su pleno habrá de intervenir.

Así, colocando en el centro del debate la interpretación del Artículo 54 de la Constitución, durante estas dos semanas se han decantado los actores políticos y sociales con mayor peso específico para liderar cada bando; el fondo es convencer que la 4T puede tener o no 373 legisladores en la Cámara de Diputados.

Para aprobar una reforma constitucional en la cámara........

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