Airbnb no se va del país. Eso debería quedar claro. En los círculos más cercanos a las deliberaciones que suscitó un borrador de decreto presentado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que buscaría endurecer las condiciones que deben cumplir quienes alquilan propiedades en aplicaciones turísticas como Airbnb y Booking, el consenso es que ni siquiera se ha contemplado esa posibilidad.

Sin embargo, eso no implica que en el texto, que estuvo abierto para comentarios hasta el miércoles 17 de diciembre, no haya cosas muy preocupantes.

Incluso quienes estamos de acuerdo en la pertinencia de regular —que no prohibir— un sector como el de las rentas cortas no entendemos cómo se plantea un cambio de condiciones de esta magnitud sin un periodo de gracia para su implementación. Si el decreto en estudio en su versión actual se firmara hoy, más del 90 % de los actuales propietarios en Airbnb verían ilegalizada su actividad de manera inmediata.

Pretender que de la noche a la mañana miles de anfitriones —muchos de ellos operando bajo la legalidad del Registro Nacional de Turismo (RNT)— cumplan con exigencias de uso de suelo y autorizaciones de propiedad horizontal que las propias alcaldías no están preparadas para tramitar es empujar al sector hacia un abismo de informalidad. Sin un periodo de transición coherente, el Estado corre el riesgo de convertir a ciudadanos cumplidores en infractores administrativos por simple........

© Revista Semana