Desde 2022, el Gobierno nacional tomó una decisión de alto impacto: renunciar a la firma de nuevos contratos de exploración de gas natural. En apariencia, se trataba de un acto coherente con la transición energética. En la práctica, fue una decisión que ignoró una cadena de dependencias materiales que no desaparecen con un decreto.

La más importante de esas dependencias conecta el gas con algo mucho más cotidiano que la electricidad: los alimentos. La agricultura moderna se ha consolidado sobre una reacción industrial del siglo XX, el proceso Haber Bosch, que permitió fijar nitrógeno atmosférico y producir amoníaco a escala industrial. A partir de allí se fabrica la urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado del mundo. Sin este proceso, la productividad agrícola global caería de forma drástica, al menos un 50 %.

El detalle medular es que el hidrógeno necesario para fabricar amoníaco proviene, en su mayoría, del gas natural. Entre el 60 % y el 70 % de la producción mundial de urea depende directamente de este combustible, mientras que otro 25 % a 30 % depende del carbón. Adicionalmente, al menos el 70 % del costo del amoníaco está determinado por el precio del gas natural, y el propio proceso Haber Bosch consume entre el 3 % y el 5 % del gas natural global.

Cuando el precio del gas aumenta, por ejemplo, ante tensiones geopolíticas en puntos críticos como el estrecho de Ormuz, el impacto no se queda en los mercados energéticos. Se transmite casi sin fricción alguna al precio de los fertilizantes y, finalmente, al costo de los alimentos. Es una cadena corta, directa y difícil de mitigar.

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Colombia enfrenta este fenómeno en condiciones particularmente vulnerables. La caída en la exploración limita la reposición de reservas y obliga al país a depender cada vez más del gas natural licuado importado. Y aquí aparece una paradoja que rara vez se discute. El gas importado no solo es más costoso, también es más intensivo en emisiones. Una proporción significativa proviene de Estados Unidos, donde más del 70 % del gas se extrae mediante fracking. Ese gas debe ser enfriado a aproximadamente menos 162 grados Celsius para licuarse, transportado en buques metaneros a través de miles de kilómetros y posteriormente regasificado. Cada una de estas etapas implica consumo energético adicional y emisiones de gases de efecto invernadero.

El resultado es doblemente problemático. Colombia paga más por el gas y, al mismo tiempo, incrementa la huella de carbono asociada a su consumo energético. Todo esto mientras se mantiene el discurso de descarbonización. La discusión sobre el gas natural no puede reducirse a un plano simbólico o ideológico. Es una cuestión de seguridad energética, pero también de seguridad alimentaria. El gas no es solo un combustible, es un insumo crítico para sostener la producción agrícola.

Renunciar a explorar no elimina la necesidad de consumir. Solo traslada la dependencia hacia mercados internacionales más volátiles, más costosos y, en muchos casos, más intensivos en carbono.

La pregunta, entonces, no es si Colombia debe avanzar hacia una transición energética. La pregunta es si puede hacerlo ignorando las bases materiales que hoy sostienen su sistema productivo. Porque en esa omisión, lo que está en juego no es solo la energía, es el precio de los alimentos.

© Revista Semana