Colombia llega a su cita electoral de 2026 con una economía que crece, pero que no transforma. El PIB fue del 2,6%, resultado positivo pero insuficiente para cerrar brechas estructurales y sostener empleo formal sin mayor inversión y productividad. Mientras tanto, la inflación completa 5 años sin cumplir la meta del 3% y la informalidad laboral supera 55% cifra que es el retrato de un modelo de desarrollo fallido. 

Los candidatos presidenciales tienen ante sí, más que una lluvia de ataques personales y un debate ideológico, un imperativo técnico y complejo. Seis frentes definirán si Colombia da el salto o consolida su declive. Sostenibilidad fiscal. Con un déficit fiscal del 7,1% del PIB y calificadoras como S&P y Fitch que ya rebajaron la nota soberana a BB con perspectiva negativa, el país encarece su deuda y estrecha su margen de acción social. El próximo gobierno no podrá eludir una regla fiscal creíble y una reforma tributaria que amplíe la base sin ahogar la producción. 

Inversión y clima de negocios. Sin reglas claras y estables, la inversión se enfría junto con el empleo formal y el bienestar. Reducir el “costo Colombia” simplificación regulatoria, marco tributario favorable, mejor infraestructura y justicia es condición indispensable para un crecimiento sólido. 

El campo: el sector agropecuario es el talón de Aquiles del desarrollo colombiano. El agro creció 3,1% en 2025 y genera cerca de 3,4 millones de empleos, esa fortaleza convive con desafíos estructurales que limitan su potencial. Los pequeños y medianos productores permanecen atrapados en un círculo vicioso de ingresos que no cubren costos de producción, altas obligaciones crediticias, rezago tecnológico y falta de asistencia técnica e infraestructura. La próxima administración debe construir una política de Estado de largo plazo que articule acceso real a tierra titulada, crédito oportuno, asistencia técnica permanente, vías terciarias y encadenamiento productivo.

Productividad y formalización. Aumentar costos laborales sin ganancias de productividad ni alivios a las pymes empuja el empleo hacia el rebusque. La agenda debe articular educación técnica, adopción tecnológica e incentivos reales a la formalización. 

Transición energética con juicio. La dependencia fiscal de los hidrocarburos no se desmonta con decretos. El debate no es “petróleo sí o no”: es cómo financiar el Estado mientras se construye la nueva matriz productiva. Sin esa hoja de ruta, cualquier promesa de transición es populismo verde. 

Seguridad y Estado de derecho. La política de paz total solo permitió que las organizaciones al margen de la ley se fortalecieran y crezca la inseguridad. Sin presencia territorial del Estado no hay inversión rural, no hay diversificación, y el campo seguirá siendo rehén de la violencia. 

Colombia está viviendo un viacrucis macroeconómico y social, hasta hace poco, era relativamente estable. El próximo presidente tiene la responsabilidad de ejecutar un programa ambicioso y honesto con la realidad que va a enfrentar. No hay excusas.  

© Portafolio